Las trampas de las medidas para comprar votos de Sánchez: bajada de retenciones y descuento del gas

Pedro Sánchez se ha lanzado a la desesperada a la compra de votos para tratar de remontar en las encuestas con medidas populistas que pagaremos todos los españoles. Pero, como siempre ocurre con el presidente del Gobierno, tienen trampa. Es el caso de las dos novedades anunciadas ayer: la bajada de las retenciones del IRPF y el descuento en el recibo del gas. Ambas tendrán que pagarlas los ciudadanos, pero lo harán después de las elecciones generales (que se celebrarán el 10 de diciembre como muy tarde)

La primera de estas medidas es la más atrevida de las que ha lanzado hasta la fecha, aunque también la que tendrá menos coste para el contribuyente. Se trata de bajar la retención (es decir, el pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta que se resta a las nóminas todos los meses) a los que ganen menos de 35.200 euros. Esto implica que, en el año electoral, el grueso de los asalariados cobrará más todos los meses y tendrá la sensación ficticia de que le han bajado los impuestos.

Pero la realidad es que no se los van a bajar; pese a la confusión interesada con la que lo filtró el Gobierno, los tipos impositivos (que es lo que importa) no se reducen. Ni se deflacta la tarifa con el IPC, como es bien sabido. Por tanto, lo que se pague de menos en el IRPF con las retenciones mensuales, habrá que pagarlo en la declaración de 2023 que se presenta en junio de 2024.

Pero para entonces habrán pasado las elecciones municipales, autonómicas y generales. En el mejor caso para Sánchez, el palo al contribuyente llegará en su primer año de legislatura; y en el peor, será Feijóo el que tenga que asumir el coste de esta herencia.

Descuento en el gas

La segunda medida, la de subvencionar parte del recibo del gas de los hogares con caldera individual, también tiene trampa. Esto proviene de que el Gobierno limitó en octubre de 2021 la subida de la tarifa del gas de último recurso (TUR) a un 15% trimestral, muy por debajo del incremento del precio de esta energía. Eso ha generado un déficit de tarifa -diferencia con el precio real del gas- que puede alcanzar los 1.000 millones a fin de año, según fuentes del sector.

Teresa Ribera anunció este martes que este límite se prorrogará hasta diciembre de 2023 y que los Presupuestos Generales del Estado -es decir, los contribuyentes- asumirán el citado déficit… pero sólo el que se genere a partir de noviembre; ahí está la trampa. Esto significa que el déficit de los 12 meses anteriores lo tendrán que pagar los consumidores en uno o varios recibos extraordinarios, y con intereses del 1,1%, según establecía el Real Decreto 17/2021.

Pero, como ocurría con las retenciones del IRPF, este palo se producirá después de las elecciones generales. Hasta entonces, los consumidores se beneficiarán de un precio del gas subvencionado: el Ejecutivo estima que se situará un 50% por debajo de su coste real. Eso sí, el déficit que se genere a partir de noviembre (impredecible, ya que depende de la situación en Ucrania y de la cotización del gas) se sufragará con dinero público.

Comunidades de vecinos

La nueva TUR que se ha creado para las comunidades de vecinos con calefacción central de gas también tiene truco: exige a quienes quieran beneficiarse de ella que instalen contadores individuales (para que cada vecino pague lo que consume y no todos lo mismo) y revisar la caldera.

Además, no habrá un descuento real del 50%, que se calculará el 70% del consumo medio de los últimos cinco años (todo un engorro burocrático) y a eso se le aplicará un descuento del 40%. Por último, habrá que tener mucho cuidado con el consumo porque, si la comunidad supera ese consumo medio, habrá una penalización que el Ejecutivo no ha detallado.

Estas medidas electoralistas son el colofón a unos Presupuestos que buscan comprar 17 millones de votos con el mayor gasto público de la historia, como informó OKDIARIO. Estas cuentas incluyen medidas como el aumento del salario de los funcionarios -que afectará a 2,7 millones de empleados públicos-, la actualización de las pensiones con el IPC (que estima en un 8,5% y se aplicará a más de 10 millones de personas), la prolongación de la gratuidad de los trenes de cercanías (2 millones de beneficiarios) en 2023, la subida del ingreso mínimo vital (1,2 millones), el incremento del bono social térmico (1,2 millones de hogares), el cheque-crianza o la extensión de las bajas por maternidad.