Sánchez tendrá que financiar 18.000 millones de deuda hasta diciembre tras el cierre del grifo del BCE

El Gobierno de Sánchez se verá obligado a financiar hasta 18.000 millones de deuda pública de junio a diciembre tras la decisión del Banco Central Europeo de dejar que venza sin recomprar, como venía haciendo hasta la fecha, una parte de su cartera de bonos, según la decisión adoptada en su última reunión del pasado 4 de mayo, cuando también optó por elevar 25 puntos básicos los tipos de interés hasta el 3,75%. En el cónclave, en el que participan todos los gobernadores de los bancos centrales del sistema de la zona euro se concluyó que se dejará que venzan 25.000 millones por mes de la cartera pública del BCE «para siempre». Eso supone un volumen total de 150.000 millones desde julio a finales de año, y tendrá implicaciones muy notables para los estados miembros.

Fuentes consultadas por OKDIARIO calculan que del total de esa cantidad, 3.000 millones mensuales corresponderían a España, lo que elevaría el conjunto de la factura a 18.000 millones hasta final de año. Detrás de las medidas aprobadas por la institución con sede en Fráncfort, no sólo está la voluntad decidida de reducir drásticamente su balance, que ha engordado hasta cuatro billones de euros financiando la deuda pública de los estados durante los últimos años presididos por la pandemia y después por la guerra de Ucrania, y se ha convertido en un riesgo claro para la entidad. De hecho, su máxima responsable, Christine Lagarde, y el resto del consejo se han conjurado para que dicho balance se reduzca entre un 30% y un 35% este año. Esta es la primera parte de la estrategia.

El segundo objetivo del BCE es lanzar un claro mensaje a los gobiernos de la UE de que se han acabado los días de vino y rosas, y de que, en adelante, tendrán que ajustar su gasto, reducir su déficit y bajar el nivel de endeudamiento para empezar a colaborar activamente con la política de lucha contra la inflación, so pena de incurrir en una grave crisis de deuda que acabaría contaminando al conjunto de la Unión, con el resultado adicional de alentar la continuidad de las subidas de tipos de interés y sus penosas consecuencias sobre el aumento de las cuotas hipotecarias y el empeoramiento de las condiciones de vida de las familias.

Las consecuencias del endurecimiento de la financiación serán especialmente graves para los gobiernos más despilfarradores, entre los que destaca el español. El presidente Sánchez lleva toda la legislatura embarcado en una espiral de gasto público que se ha acentuado en los últimos meses con motivo de la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, pero que seguro que tendrá continuidad después hasta que se produzcan los comicios generales en diciembre. Dicha espiral de gasto también aviva la preocupación de otras entidades como el Banco de España, que en su último informe anual, vuelve a pedir un plan concreto de consolidación fiscal a corto plazo y alerta de que el endeudamiento explosivo del país puede dejar al nuevo gobierno que salga de las urnas -ya sea del mismo tinte político que el actual- sin margen de maniobra para afrontar eventuales crisis dentro un escenario que sigue presidido por la incertidumbre a todos los niveles.

De acuerdo con el informe, se observa «la permanencia de algunas vulnerabilidades estructurales que condicionan las perspectivas y la sostenibilidad del crecimiento económico a medio y largo plazo». «Entre ellos destaca el derivado del elevado nivel de endeudamiento público -desde el inicio de la crisis financiera ha aumentado en más de 80 puntos su peso en el PIB—, que se acompaña también de un déficit público estructural considerable». Según la institución que preside Pablo Hernández de Cos, esta situación constituye una importante fuente de vulnerabilidad para nuestra economía, en particular en un contexto de subidas continuadas de tipos de interés, al tiempo que reduce el margen de maniobra de la política fiscal para afrontar eventuales perturbaciones negativas futuras. La deuda pública del Reino de España representa en estos momentos del 113% del PIB, sólo superada por Italia y Grecia, mientras el déficit estructural -sin tener en cuenta los llamados estabilizadores automáticos, que elevan o reducen los pagos públicos en función de circunstancias coyunturales- está por encima del 4%, entre los más altos de la zona euro.

Pero otras instituciones como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), organismo independiente fiscalizador de las cuentas públicas, también han alertado estos días de que los planes económicos enviados a Bruselas por el Gobierno no cumplen con el objetivo marcado por la Comisión Europea de situar la deuda pública en una «senda descendente plausible», por lo que el Ejecutivo que salga de las urnas tendrá que hacer recortes adicionales por 0,46% puntos anuales, el 1,8% del PIB, unos 30.000 millones de euros en los próximos cuatro años, según estimaciones del organismo.