Crisis del coronavirus

Sánchez asfixia a comerciantes y hosteleros con el alquiler: la moratoria sólo alarga su agonía

Sánchez asfixia a comerciantes y hosteleros con el alquiler: la moratoria sólo alarga su agonía

Han pasado 44 días desde que el Gobierno decretó el estado de alarma y con él, el cese de actividad que está llevando a miles de empresas a la ruina. Autónomos, pymes y profesionales de todos los sectores económicos cargan duramente contra las últimas medidas del Gobierno, es especial, la moratoria del alquiler comercial. La crítica es unánime: es insuficiente e ineficaz.

«Solamente alarga nuestra agonía. No es una condonación de deuda, sólo es un aplazamiento. ¿De qué nos sirve si llevamos un mes y medio sin ingresar ni un euro y seguramente acabaremos cerrando?, denuncia a este periódico Juan, dueño de una pequeña librería en Madrid.

El escaso alcance de la medida es otra de las críticas que lanzan los inquilinos comerciales. La moratoria aprobada en el Real Decreto 15/2020 sólo obliga a aplazar la deuda del alquiler si el arrendador es un gran tenedor (propietario de diez o más inmuebles urbanos). El resto de arrendadores no están obligados a aplazar la renta; es más, ni siquiera están obligados a sentarse a negociar. En España cerca del 85% de locales pertenecen a pequeños propietarios, por lo que la medida del Gobierno tiene muy poco alcance.

El sector de la hostelería y restauración, uno de los más castigados por los efectos del coronavirus, también se ha sumado a las críticas al Ejecutivo. Desde Hostelería de España y Restauración Organizada denuncian que la moratoria del pago de los alquileres «sólo aplaza unos meses la condena al cierre obligado». Un cierre que podría afectar a más de 40.000 pequeñas y medianas empresas del sector, un 15% del total.

Las recetas de los hosteleros en materia del alquiler pasan por la exoneración de la renta y su adaptación a las «circunstancias a corto plazo». Los negocios de restauración tienen que hacer frente durante su cese de actividad a gastos fijos de entre seis y 16 mil millones de euros, según un informe de Bain y EY, lo que supone un compromiso inasumible para los más de 270.000 bares, restaurantes y cafeterías de España. En esa mochila de gastos el alquiler representa una media del 30%.

Las principales asociaciones de comerciantes, que representan a más de 500.000 puntos de venta en España, también han elevado sus peticiones al Gobierno. Piden que se condonen las rentas y que se active urgentemente una línea de subvenciones que les permita pagar el alquiler mientras estén cerrados. Además, exigen un «nuevo marco normativo» para renegociar los arrendamientos y revisar la Ley de Arrendamientos Urbanos, que consideran obsoleta en materia de locales comerciales.

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