Sacyr entrega el Canal de Panamá y provisiona 500 millones de dólares por los sobrecostes

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, respira aliviado a pocos días de que el grupo constructor español finalice con éxito la ampliación del Canal de Panamá, “la mayor obra de ingeniería del siglo XXI”, tal como ha señalado en la visita a las instalaciones que ha realizado acompañando a un nutrido grupo de periodistas españoles.

Flanqueado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, Manrique ha indicado que “finaliza un hito que supone un antes y un después” para Sacyr, al tratarse de “uno de los proyectos más emblemáticos y difíciles que se pueden presentar en la carrera profesional de una constructora”. De hecho, todo apunta a que la compañía no ganará dinero con esta infraestructura y, de momento, ya ha provisionado 500 millones de dólares para afrontar eventuales pérdidas.

Sacyr lidera el consorcio Grupos Unidos por el Canal (GUPC), integrado también por la italiana Salini, la luxemburguesa Jan de Nul y la panameña CUSA, que ha construido dos complejos de esclusas de tres niveles, con 16 compuertas que van a permitir aumentar el tamaño de los buques que transitan por el Canal de Panamá, duplicando el transito de mercancías hasta 600 millones de toneladas anuales. Las obras terminan el 31 de mayo y la inauguración oficial será el próximo 26 de junio, el día de las elecciones generales españolas.

El coste total del proyecto ha ascendido a 5.581 millones de dólares, frente a los 3.192 millones inicialmente estipulados. Los sobrecostes son normales en este tipo de grandes infraestructuras, ya que existen multitud de factores que se van produciendo a lo largo de los trabajos que obligan a una revisión del presupuesto.

En estos casos se suele llegar a acuerdos entre la empresa y la Administración correspondiente, pero en la ampliación del Canal, la colaboración del Gobierno de Panamá a la hora de negociar acuerdos ha sido nula. “El Ejecutivo se ha negado de forma sistemática a sentarse con nosotros, por lo que sólo nos ha quedado la vía de la reclamación formal”, explica un directivo de Sacyr.

La constructora ha elevado sus reclamaciones a la DAB, una junta de resolución de conflictos, que ha dado la razón a Sacyr en varias de sus peticiones. Las decisiones de esta comisión son recurribles ante el Tribunal de Arbitraje de Miami, que es el organismo al que acuden las autoridades panameñas para no abonar los sobrecostes de los que son responsables directos. Como consecuencia de ello, hay reclamaciones en proceso por valor de 2.443 millones de euros, que no serán resueltas hasta el año 2020, según las previsiones que maneja la constructora española.

El consorcio (GUPC) ha cifrado en 1.000 millones de euros el volumen de sobrecostes que no serán soportados por el Gobierno de Panamá, contabilizando como pérdida este montante atendiendo a los criterios de prudencia que establece la normativa contable. De esta cantidad, Sacyr ha provisionado la mitad, unos 500 millones de dólares, a pesar de que su peso en el consorcio es del 42%. Además, las empresas también tienen reclamaciones pendientes por el retraso en la finalización de los trabajos, ya que la última fecha de inauguración prevista era el 21 de octubre de 2014.

De momento, el Ejecutivo de Panamá se ha comprometido a abonar los 3.192 millones de euros inicialmente estipulados, más 465 millones de euros de sobrecostes reconocidos. Esto supone que el consorcio necesita 1.924 millones de dólares más para no perder dinero con el proyecto de los cuales sólo espera recibir la mitad. De ahí que el grupo de empresas haya provisionado los citados 1.000 millones de dólares en sus estados financieros.

Una obra sin precedentes

El consorcio liderado por Sacyr logró la adjudicación del proyecto en julio de 2009 e inició las obras ese mismo año. La entrega se realizará dentro de una semana “tras la realización de todas las pruebas de las estructuras y los sistemas instalados”, tal como indica el director del proyecto, José Peláez.

A lo largo de estos siete años, Sacyr ha superado muchos retos con una gran complejidad tanto técnica como administrativa, que han puesto en riesgo el proyecto en varias ocasiones. Más de 10.000 trabajadores de 40 países han afrontado los importantes desafíos que han ido surgiendo en esta infraestructura que se encuentra en una de las zonas más complejas en términos geológicos, en cuanto a fallas activas y sismicidad. “La ampliación del Canal sitúa a Sacyr como un referente mundial en ingeniería moderna, lo que le va a permitir lograr más contratos e impulsar su actividad internacional”, apuntan desde la compañía.

Sacyr opta a construir el cuarto puente

Precisamente, la constructora española pretende que el éxito de las obras de la ampliación le haga ganar la pugna empresarial que mantiene con otro gigante español (Dragados, filial de ACS) para lograr el contrato de 1.000 millones de dólares para la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá. La compañía que preside Manuel Manrique acude en consorcio con la coreana Hyundai.

El puente, que tendrá una longitud aproximada de 6,5 kilómetros, se construirá al norte del Puente de las Américas, uno de los puentes más emblemáticos del país, situado justo a la entrada al canal interoceánico desde el Océano Pacífico. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ha alabado públicamente tanto a Sacyr como a ACS y ha manifestado que tienen grandes posibilidades de lograr el contrato.

La tercera línea de Metro

Otra de las infraestructuras que saldrá a concurso a finales de este año o principios de 2017 es la tercera línea de metro de la capital de Panamá, con un contrato que puede alcanzar los 3.000 millones de dólares. Las dos primera líneas fueron construidas por la empresa  brasileña Odebrecht y el grupo español FCC.

Actualmente, el Canal de Panamá es la principal actividad económica del país, aporta directamente el 6% del PIB anual, genera 13.100 trabajos directos y en 2015, alcanzó una cifra de facturación de 2.610 millones de dólares aportando al Estado 1.030 millones de dólares. Con la ampliación se espera aumentar los ingresos en unos 12.500 millones de dólares en los próximos diez años