Ribera enfurece también a los gobiernos regionales del PSOE por poner en riesgo el suministro eléctrico

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, ha conseguido poner de acuerdo a las comunidades autónomas gobernadas por el PP y por el PSOE. La decisión de Ribera de invertir sólo 321 de los 931 millones de euros previstos para mejorar las redes de transporte eléctrico han incendiado regiones del PP, como Madrid, Andalucía o Murcia, y ahora se han unido Castilla-La Mancha y Asturias, lideradas por el PSOE.

El Ejecutivo de Emiliano García Page, atacado por la cúpula de su partido por criticar la amnistía a Carles Puigdemont y al resto de los independentistas catalanes, ha alertado de que las inversiones anunciadas por Ribera en redes eléctricas «no garantizan el suministro» en la comunidad castellanomanchega.

«No estamos de acuerdo con las modificaciones que proponen en lo que respecta a Castilla-La Mancha, puesto que la nueva planificación de la Red Eléctrica debe vertebrar y garantizar el suministro a nuestra comunidad y en las modificaciones propuestas ésto no sucede. Así que esperamos que se tenga en cuenta de cara a una planificación definitiva, que garantice también los desarrollos de suelo industrial que se están proponiendo desde el Gobierno regional», ha dicho la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

Además de no garantizar el suministro eléctrico, las críticas a la decisión de Ribera de invertir sólo 321 millones y guardarse los otros 610 millones se dirigen al impacto que tendrá esa decisión en el desarrollo de la industria en las regiones. Muchos proyectos industriales están en riesgo de salir adelante si no tienen las infraestructuras eléctricas necesarias, han señalado regiones como Asturias, gobernada por el PSOE.

Así lo ha explicado públicamente la consejera de Transición Energética, Industria y Desarrollo Económico de Asturias, Nieves Roqueñí, que ha pedido a Ribera que contemple las «especiales necesidades» de calidad y estabilidad en el suministro de energía de la industria asturiana y los requerimientos de los nuevos proyectos industriales previstos o en marcha, altamente dependientes de la electricidad.

Asturias y Castilla-La Mancha se suman así a regiones del PP que alzaron la voz ante la escasa inversión anunciada por Ribera en redes eléctricas. La primera en quejarse fue Andalucía. La región sólo recibirá el 2% de los 321 millones aprobados, algo que, en opinión del Gobierno de Juan Manuel Moreno, dificulta la expansión de proyectos renovables.

Peor aún es la situación de Madrid, que no recibirá ni un euro de los 321 millones aprobados. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha acusado al Gobierno de negarle la electricidad para decenas de proyectos millonarios. Ayuso acusó al Ejecutivo de un nuevo ataque contra la región «por dejar sin energía a Madrid».

En una reunión de todas las comunidades con Ribera a finales de enero, el consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, reclamó a Ribera que tomase medidas sobre la actual situación de «infradotación de la red».

En este encuentro, Castilla y León -que también ha quedado excluida de las nuevas inversiones en infraestructura eléctrica- alertó de que la falta de inversiones en redes eléctricas mantiene paralizados 12.500 millones de euros en actuaciones empresariales. Los 34 proyectos presentados por Castilla y León fueron rechazados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Murcia también ha salido mal parada, ya que sólo recibirá 1,1 millones de la inversión prevista por Ribera, poniendo en peligro también en esta región inversiones industriales.

Origen del conflicto

El origen de la polémica es la decisión del Gobierno de destinar 931 millones adicionales para financiar parcialmente el coste de actuaciones en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica en el horizonte 2026. Aunque hay disponibles 931 millones, el Gobierno por el momento sólo ha aprobado modificaciones para esta Planificación que requieren una inversión de 321,2 millones, que se sumarán a los 6.964 millones ya previstos y aprobados en 2022.

Se destinarán al refuerzo de las necesidades de conexión de proyectos para la descarbonización de la industria, la integración de energía renovable, la producción de hidrógeno y el apoyo a la cadena de materiales y tecnologías clave vinculadas a la transición verde.

El problema es que, de momento, sólo se han repartido 321 millones y Ribera ha dejado fuera muchos proyectos de muchas regiones. El Ministerio asegura que ha aprobado sólo proyectos urgentes. El Gobierno tiene previsto comenzar en breve la tramitación de una nueva Planificación de la red de transporte de energía eléctrica, para el periodo 2025-2030, que tendrá alcance mucho más amplio que el de estas modificaciones puntuales, aseguran.