El reto independentista de Puigdemont echa a casi 600 empresas de Cataluña hasta septiembre

Casi 600 compañías han trasladado su sede social de Cataluña a otros puntos de España hasta el mes de septiembre. El éxodo masivo de compañías que estaban instaladas en suelo catalán se ha producido desde la celebración del referéndum ilegal del 1-O, sin embargo, el desafío independentista y los deseos de independencia por parte de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP son bien conocidos desde que Carles Puigdemont llegó al gobierno autonómico.

Desde enero hasta septiembre de 2017, antes de celebrarse la consulta ilegal hace unas semanas, 584 compañías se han ido de Cataluña instalando su domicilio fiscal en otras comunidades autónomas, según un recuento realizado por Axesor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este recuento no incluye el abandono masivo de empresas ligadas a la región producido la semana pasada.

Grandes corporaciones como Banco Sabadell, Gas Natural o Caixabank han trasladado su sede social fuera de Cataluña para esquivar la inseguridad jurídica de una Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Las compañías cotizadas no han tenido más remedio que convocar a sus Consejos de Administración de manera extraordinaria para tomar una decisión acelerada y parar la sangría en Bolsa de las sociedades catalanas.

Aunque no sólo las grandes empresas han salido de Cataluña, otras más pequeñas han seguido sus pasos. Segurcaixa Adeslas, Oryzon, Dogi, Torraspapel, Service Point o Ballenoil han sido algunas de las compañías que se han ido debido al conflicto catalán y otras muchas que están consultando los pasos a seguir para irse por si finalmente se diera la independencia.

De hecho, las notarías de Cataluña han estado abiertas todo el fin de semana por el aluvión de compañías (grandes, medianas y pequeñas) que tenían sobre la mesa la posibilidad de trasladar su domicilio fiscal y comunicarlo en el Registro Mercantil.

Incluso ha habido compañías históricas como Freixenet o Cordoníu han dado la espalda al secesionismo y han asegurado que no les temblará el pulso a la hora de trasladar la sede fuera de Cataluña si se proclama la independencia.

Las compañías que aún se están planteando llevar su sede fuera de Cataluña cuentan además ahora con la posibilidad de acogerse al decreto ley aprobado el viernes por el Gobierno y que permite a las sociedades llevar a cabo este paso sin necesidad de contar con el visto bueno de la junta de accionistas, tal y como establecen los estatutos de muchas empresas.

La Generalitat no tiene acceso a los mercados desde 2010

Además, la agencia española de rating Axesor en su último informe macroeconómico señala que “la escalada de tensión en Cataluña es el principal riesgo político y obliga a ambas partes a encontrar una solución negociada”. Añade también que el riesgo de inestabilidad financiera, “aunque muy poco probable, existe”, y pese a que la situación “parece estabilizada, la aparición de sorpresas negativas no puede descartarse”.

En definitiva, explican desde Axesor, “la cuestión catalana puede seguir generando mucha incertidumbre”. Y no solo eso, recuerda, además, que la Generalitat no tiene acceso a los mercados internacionales desde 2010 y es el Tesoro Público el que financia su déficit, remunera a sus funcionarios y proveedores y atiende los vencimientos de sus deudas.

La deuda es otra de las claves dentro de este conflicto independentista puesto en marcha por Puigdemont y sus aliados en el Parlamento autonómico. La Generalitat no ha explicado cómo pagará parte de la Deuda Pública que proporcionalmente corresponde a Cataluña en caso de salir de España, de la Unión Europea y, por ende, del sosiego monetario del Banco Central Europeo.

Desde Self Bank explican que está claro que a Cataluña le correspondería “un 19% de la deuda del Estado más la financiación que han recibido del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y a lo que habría que sumar la propia deuda emitida por la Generalitat”.

Y añaden, además, que “no está claro en primer lugar que vayan a asumir su deuda y, en caso de hacerlo, tampoco han explicado qué instrumento utilizado para ello”. En definitiva, recuerdan, Cataluña tiene en estos momentos calificación de bono basura y “en un hipotético escenario de independencia tendría muy complicado acudir a financiarse en los mercados internacionales”.