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Los repartidores estallan contra la Ley Rider de Yolanda Díaz, que supone la pérdida de 20.000 empleos

Los repartidores estallan contra la Ley Rider de Yolanda Díaz, que supone la pérdida de 20.000 empleos
Ley Rider

Cientos de repartidores se han manifestado este jueves ante las puertas del Congreso para exigir a los diputados que voten en contra de la Ley Rider. ¿El motivo? Que la Ley de Yolanda Díaz pone en peligro más de 20.000 empleos de riders autónomos.

Las plataformas digitales de reparto tendrán de plazo hasta el 12 de agosto para contratar a sus trabajadores como asalariados tras publicarse este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la llamada ‘Ley de Riders’, cuya entrada en vigor se producirá en tres meses a contar desde hoy.

La norma es fruto del acuerdo que alcanzaron el pasado mes de marzo el Ministerio de Trabajo y Economía Social, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto o mercancía y sus trabajadores, es decir, que no afecta sólo a las empresas de reparto de comida a domicilio como Glovo, Uber Eats o Deliveroo.

La ley reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

“La Ley Rider va a perjudicar directamente el sector de la hostelería de las ciudades de menos de 100.000 habitantes, las cuales podrían quedarse sin servicio de reparto de comida a domicilio a través de las grandes plataformas digitales. Incluso las grandes ciudades de más de 250.000 habitantes, quedarían sin servicio en los barrios más alejados”, advierte Jordi Mateo, presidente de a Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA).

Los repartidores temen que la combinación de reducir el número de ciudades operativas más la reducción del conjunto de trabajo disponible, suponga una pérdida de más de 20.000 puestos de empleo que actualmente ocupan repartidores autónomos en toda España.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, destacó que esta ley «va a cambiar el signo de los tiempos» y sitúa a España en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia, pues «no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esto».

Ante estas declaraciones, el presidente de APRA ha señalado: «La Ministra dijo que la Ley Rider marca el inicio de una nueva etapa política. ¿Si realmente es tan importante, por qué se ha elaborado de forma tan chapucera, sin tenernos en cuenta en ningún momento y tramitada como un Real Decreto sin participación de nadie? ¿Ésta es la nueva política?”.

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