PSOE y Podemos quiebran el Ayuntamiento de Valladolid 

El proyecto para soterrar las vías del tren en Valladolid se queda en agua de borrajas, a pesar de que la sociedad Valladolid Alta Velocidad (VAV) nació con este propósito. El cambio de rumbo va a costar un total de 354 millones de euros, de los cuales 72,5 millones tendrán que ser desembolsados por el ayuntamiento de la ciudad gobernado por el PSOE con el apoyo de la marca Podemos. Si hubieran optado por el soterramiento, el consistorio tendría que haber abonado una tercera parte de esa cantidad. El mismo alcalde socialista Óscar Puente ha subrayado que estas obras supondrán un esfuerzo importante para las arcas municipales, ya que implican una aportación media de entre 7 y 8 millones de euros al año para la próxima década. Actualmente la deuda del consistorio es de aproximadamente 107 millones de euros, lo que supone que el nivel de endeudamiento es del 42% de los recursos ordinarios, muy alejado del límite máximo del 110% que permite la legislación.

Con este nuevo capítulo, el ayuntamiento del PSOE alcanzará un endeudamiento que le va a impedir cumplir con la conocida “Ley Montoro”, hay al menos tres organismos que sobrepasan el límite de gasto. Tras 20 años de espera, finalmente la sociedad Valladolid Alta Velocidad (VAV) ha dado luz verde a un proyecto de integración de superficie, que incluye la construcción de pasarelas, pasos a nivel e infraestructuras similares, que va a costar 354 millones de euros y un plazo de ejecución de 10 años. De esta cantidad, 72,5 millones de euros deben ser proporcionados por el ayuntamiento de la ciudad liderado por el PSOE, socio fundamental que ha apoyado la opción de no soterrar las vías y de optar por la opción menos económica.

Los pagos se van a hacer anualmente hasta 2024 y se recuperarán a partir de ese año, hasta 2033, con la venta de los terrenos que se liberarán con el traslado de los talleres y de la estación de autobuses. En total se alcanzaría una cifra final de casi 800 millones de euros de los que el Consistorio recibirá 73 millones de euros. Lo cual se podría ver como una inversión, si no fuera porque el Ministerio de Fomento adelantará 404 millones de euros que VAV adeuda con un consorcio de bancos, una cifra por la que se tendrá que ver compensado.

El grupo municipal Ciudadanos ha reclamado la apertura de una Comisión de Investigación sobre la gestión llevada a cabo en VAV desde su creación en 2003. Creen que es la única forma de «esclarecer los hechos y a depurar responsabilidades políticas por el fracaso del proyecto» teniendo en cuenta el agujero del organismo, pues considera que los gestores de la sociedad «la han llevado a la quiebra, algo por lo que en cualquier empresa privada los responsables estarían en la calle».

Recordemos que VAV, hace apenas unas semanas, tenía los días contados, incluso se hablaba de “liquidación ordenada” de la sociedad que está formada por el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Fomento a través de Renfe y Adif. Parece que finalmente VAV no irá a concurso de acreedores, ni tampoco cambiarán los porcentajes de participación de las partes. Para el desarrollo del proyecto se ha comprometido un grupo de trabajo que comenzará a reunirse en las próximas semanas para definir las actuaciones, así como los porcentajes que aportarán cada uno de los socios.

Esta decisión del consistorio gobernado por el PSOE es solo un paso más en la escalera del endeudamiento de la ciudad.  De los 354 millones que costará llevar a cabo la obra, al consistorio, como decimos, le tocará sacar de las arcas municipales 72,5 millones, que sumados a los que debe del VAV dan una deuda de cerca de 120 millones de euros contando los intereses.

Esto sumado a la remunicipalización del agua que se aprobó el pasado 30 de diciembre. El ciclo del agua pasará a manos 100% públicas a partir del 1 de julio y quitará la gestión a la empresa Aguas de Valladolid. La remunicipalización es una práctica que está llevando Podemos en varios de los ayuntamientos donde gobierna, como es el caso de Madrid con el servicio funerario o los centros deportivos. También se ha dado el caso en Zaragoza donde la plantilla de atención al cliente 010 ha sido subrogada por el ayuntamiento. En este caso, la aprobación de la remunicipalización del agua se ha podido dar gracias a los votos de PSOE, Valladolid Toma la Palabra y Sí se puede.

Una vuelta a la gestión pública del agua que aumentará la deuda del ayuntamiento, tal como se señaló en el Foro de Servicios Públicos Municipales donde participaron Valeriano Gómez, exministro de Trabajo o Jesús Sánchez Lambas, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, entre otros. En aquel encuentro se llegó a la conclusión de que la remunicipalización incrementará el gasto porque “los municipios no pueden asumir directamente los costes laborales de los nuevos empleados sobre la base de que sus salarios se cubren con los ingresos que anteriormente recibía la empresa contratista”.

No cumplirá con la ‘Ley Montoro’

El pasado noviembre, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó el techo de gasto no financiero para el año 2017, establecido en 227,8 millones euros para el presupuesto conjunto del Consistorio y las fundaciones y sociedades dependientes, con un crecimiento, con respecto a 2016, limitado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria al 2,2%.

Desglosando, Auvasa, la Sociedad Mixta de Turismo y la Fundación Municipal de Deportes son las tres entidades que se pasan del tope, lo que obligará a controlar durante el próximo ejercicio los gastos para evitar tener que aplicar un plan de saneamiento en 2018. Con respecto al nuevo proyecto aprobado para no soterrar las vías y que va a suponer casi 73 millones de euros al ayuntamiento, éste debe aún comprobar su incidencia en los criterios de estabilidad económico-financiera, o la consideración de las aportaciones necesarias, para definir si computarían en el techo de gasto, si son adicionales a la inversión o si habría que detraerlas de la inversión recogida en el Presupuesto municipal.

La deuda viva del ayuntamiento es de aproximadamente 107 millones de euros, lo que supone que el nivel de endeudamiento es del 42% de los recursos ordinarios, muy alejado del límite máximo del 110% que permite la legislación.