Proteger la libertad en la movilidad de Madrid

Existe un debate constante y artificial sobre el ejercicio de las competencias autonómicas para crear “paraísos fiscales”, o “mercados irrestrictos” o “infiernos regulatorios” en las actividades económicas, o “islas de libertad” para determinados negocios, que salta periódicamente a las portadas de los medios para utilizarse como arma electoral, pero no tiene mucho recorrido jurídico, cuando de competencias propias se trata.

En uso de estas, comunidades como Madrid, pueden perfectamente promover políticas económicas y fiscales más liberales que la media, con los únicos límites de la Constitución y los Tratados de la Unión Europea, sin por ello tener que sufrir el acoso de los más rezagados, ni de los inmovilistas ideológicos, y mucho menos de los comunistas y estatistas, cuyo plan declarado es la ruina colectiva y su éxito personal.

Por ejemplo, en materia del transporte urbano, que es, como regla general, transporte intracomunitario, razón por la cual la competencia para su regulación corresponde a las Comunidades Autónomas como la de Madrid, que tiene asumida la competencia exclusiva en la materia en su Estatuto, y  refrendada desde hace décadas por el Tribunal Constitucional. Además, por Ley Orgánica, el Estado delegó en todas las autonomías las competencias relativas a los transportes discrecionales de viajeros, de tal manera que también corresponde a éstas su ordenación y regulación.

También el Constitucional salvaguardó las competencias autonómicas de gran parte de las normas de Unidad de Mercado, creando de hecho diecisiete mercados potencialmente diferentes en España. Y, aunque la lógica económica pugna con los impulsos políticos, estas competencias se usan en más ocasiones para restringir que para procurar mayor libertad de comercio, siendo aún Madrid un caso aislado de libertad.

El TC protegió las competencias autonómicas creando 17 mercados de movilidad, y las autonomías lo utilizan para restringir la libertad de comercio

En consecuencia, nada impide que una economía y una región como Madrid, con la libertad como seña, adopte medidas para promover un régimen jurídico del transporte urbano más libre en todas sus modalidades y diferente a otras autonomías, para ofrecer a los ciudadanos y usuarios de transporte las mejores y más avanzadas regulaciones que abaraten los transportes urbanos, mejoren su calidad y la experiencia del usuario, potenciando a la par la libertad de elección y la proliferación de recursos y modalidades para desplazarse por su territorio, incluido el servicio “al público” de los taxis y las VTC, y las nuevas fórmulas de movilidad que vayan apareciendo.

Podría hacerlo, solo constreñida por el derecho básico estatal y otras normas sectoriales de la Unión Europea. Y ningún reproche cabría hacer por parte del Estado, respecto a la existencia de un “paraíso madrileño” para empresas y operadores de transportes, si Madrid persevera en su abanderamiento de la Libertad, en este caso, económica.

Además, hay que tener en cuenta que dicha asunción de competencias no menoscaba las competencias municipales para ordenar y gestionar servicios como los taxis, reconocidas en su favor por las Bases de Régimen Local, como también ha reiterado el Tribunal Supremo, de modo que el Ayuntamiento de Madrid puede gestionar dichos servicios previa y libremente configurados por la Comunidad mediante un Decreto de 2005, modificado parcialmente hace un par de años. Aunque otras Comunidades Autónomas han regulado este servicio mediante normas de rango legal, digamos integrales, sin dependencia alguna de la regulación estatal.
Atravesamos un momento histórico en el que la famosa cita de A. de Tocqueville “Habría amado la libertad, creo yo, en cualquier época, pero en los tiempos en que vivimos me siento inclinado a adorarla” recupera un énfasis especial, y quizá los partidos del denominado “eje de
la libertad” debieran ser aún más conscientes de ello. La economía madrileña, a fin de preservarse de las políticas anti-comercio y liberticidas  del actual Gobierno de España, exige leyes, con un uso enérgico de las competencias autonómicas, que permitan la promoción de la competencia y una mejora de los servicios de transportes públicos y “al público”, para ser coherentes con su discurso liberal y huir del inmovilismo comunista.

Cualquier Gobierno que salga de las urnas el 4-M y que no sea de marcado carácter comunista, debería promover de modo urgente una Ley de Movilidad para que Madrid pueda seguir siendo un bastión de libertad y  competitividad en la movilidad y ofrecer servicios de calidad a los
usuarios. En un escenario menos ambicioso que una Ley de Movilidad, un nuevo Gobierno podría llevar a la asamblea una reforma de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos, donde podrían regularse también otras modalidades como Taxis y VTC, el carsharing y carpooling o los Vehículos de Movilidad Urbana (VMU), incluidas bicicletas.

Las reglas del juego deben ser claras y atender principios liberales, como que en un mismo mercado debe haber una misma regulación y que esta debe ser previsible y basada en la armonía y equilibrio entre las modalidades, mientras que los operadores y la administración han de ser neutrales permitiendo que el mercado asigne precios y recursos con el único límite de la protección a los consumidores e impedir la competencia desleal. Normas adaptadas a los tiempos, que funcionen y generen actividad económica, riqueza para autónomos y empresas y bienestar común.

No hay fórmulas eternas ni mágicas, solo hay que recordar que hubo otras maneras de gestionar la movilidad, como en el caso de los taxis, donde hasta 1924 existía libertad de explotación y un régimen tarifario con el carácter de máximo, o líneas de tranvías hasta 1972.

Nuevas leyes que serían encargadas de desregular y flexibilizar determinadas actividades, de un modo valiente, con el fin de reactivarlas y atraer capital, inversión e innovación. Si Madrid quiere estar a la cabeza del país, también en movilidad, debe retomar en cierta medida el consenso normativo procompetitivo en materia de transportes habido hasta hace poco en España, y liderar un verdadero sistema de transportes flexible y abierto a la iniciativa empresarial y la tecnología, a la par que impulsa la creación de empleo de calidad y sostenible, materia en la que la región ha  destacado, precisamente por la aplicación de cierto liberalismo
económico.

Madrid no sólo tiene el poder oponerse a que las normas del Estado incidan negativamente en materias sometidas a su competencia exclusiva, sino que debiera ejercer ésta y dictar leyes propias, justas y liberales, porque tampoco puede permitirse el lujo de acabar como la Barcelona de Colau. Madrid debe proteger la libertad en todo, y también en la movilidad.

Emilio Domínguez del Valle es abogado experto en movilidad y transportes