El PP pide en el Congreso un plan fiscal «realista y creíble» para reducir la deuda pública

Con el objetivo de reducir la deuda pública, el Partido Popular llevará a votación al Pleno del Congreso una propuesta pidiendo al Gobierno de Pedro Sánchez que prepare, «de manera inmediata». Una estrategia fiscal de medio plazo «realista y creíble» que permita situar la senda de deuda en una trayectoria descendente y cumpla con los requisitos de sostenibilidad derivados de la reforma del marco fiscal europeo.

Se trata de una moción consecuencia de una interpelación urgente que el Grupo Popular dirigió en el último Pleno a la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que se debatirá y votará previsiblemente en febrero. Una petición de los populares que llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya reforzado a la andaluza con la vicepresidencia primera del Ejecutivo.

Objetivo: reducir la deuda pública

A juicio del PP, en esta interpelación defendida por el coordinador de Economía del partido, Juan Bravo, la ministra no aclaró si el Gobierno va a cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria en la tramitación de los Presupuestos o si va a «ignorar» y «saltarse» al Senado en lo relativo a los objetivos de estabilidad presupuestaria para contener la deuda pública.

La vicepresidenta cuarta dijo que si la Cámara Alta, con mayoría absoluta del PP, decidía vetar los últimos objetivos de estabilidad presupuestaria trasladados a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal, el Gobierno plantearía los objetivos recogidos en el plan presupuestario enviado la Comisión Europea en abril de 2023, lo que supondría una menor capacidad de gasto para los territorios.

Al margen de este asunto, el PP también denuncia en la moción que Montero no dijo «nada» respecto a los pactos firmados con partidos independentistas que incluyen medidas que, a juicio de los ‘populares’, rompen la igualdad entre los españoles y «liquidan los principios de equidad y solidaridad territorial».

Por ello, en su moción, a la que tuvo acceso Europa Press, el Grupo Popular exige que se garantice que cualquier acuerdo o medida que lleve a cabo, tanto en el ámbito fiscal como en el de financiación autonómica y local, cumpla estrictamente los principios de igualdad, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal, solidaridad y respeto a la autonomía financiera de las comunidades autónomas.

Aumento de la recaudación

Pero además, el PP advierte en su iniciativa del encaje «imposible» del techo de gasto recién aprobado, con una subida del 9,3%, con los compromisos y asumidos con Bruselas en el Plan Presupuestario de 2024. En concreto, indica que una subida de los ingresos tributarios del 9% en el año entrante supone un incremento recaudatorio del entorno de los 24.000 millones de euros.

Un aumento de los ingresos de las arcas públicas que se debe, en parte, a los efectos derivados de la inflación, que ha provocado que el Gobierno de Pedro Sánchez recaude más gracias a los impuestos indirectos, como es el caso del IVA. A lo que también hay que sumar el hachazo fiscal a las empresas energéticas y la banca con la entrada en vigor de gravámenes extraordinarios, que se podrían prorrogar a lo largo del nuevo año.

Impuestos a las energéticas y la banca

En el caso del gravamen energético, se van a introducir modificaciones en la Ley General de Presupuestos para que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y con la descarbonización del sistema productivo en el país.

No obstante, tal y como está ahora diseñado, el impuesto grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo energético que facturasen más de 1.000 millones en 2019. Se excluye de la facturación objeto del gravamen los ingresos derivados de las actividades reguladas. De este modo, el impuesto no afecta a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.

Por su parte, el impuesto temporal a la banca grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que facturen más de 800 millones en 2019 y el tributo afecta a la actividad que las entidades desarrollen en España.

El Gobierno también ha decidido prorrogar la aplicación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas mientras no se produzca la revisión de la tributación patrimonial en las comunidades autónomas, circunstancia que, según el Ejecutivo, está vinculada a la reforma del sistema de financiación autonómica.