Podemos ha pedido este lunes al Gobierno en funciones «cerrar las puertas» a la importación de carbón, algo que supondría un incremento del coste de la energía. La formación morada denuncia que «a pesar de que se reduce la producción nacional de carbón, está aumentando la importación de este recurso natural».
«El debate no es si se consume o no carbón. Se está consumiendo más, y eso es un problema con nuestros compromisos internacionales para la reducción del CO2, pero al mismo tiempo se está estrangulando de forma inaceptable la minería española», ha señalado el diputado de Podemos Rafael Mayoral.
El portavoz de Podemos Asturies en la Junta General del Principado, Emilio León, también defendió este lunes que «mientras se consuma carbón en Asturies y España tiene que ser carbón autóctono». Así, la formación morada apuesta por un modelo más propio de la autarquía de los inicios del franquismo que de las sociedades prósperas y avanzadas del siglo XXI.
De hecho, las compañías eléctricas ya están obligadas a consumir un porcentaje determinado de carbón autóctono, tal y como se puede comprobar en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Así, el coste al que se hace frente es mayor que si la totalidad del carbón fuera de importación, algo que se acaba trasladando al consumidor en la factura de la luz. Si la obligación se extendiese al 100%, el precio se dispararía aún más.
El carbón autóctono español, además es de muy baja calidad en comparación con el de importación. No se trata de un tema de mano de obra barata ni de explotación laboral en el extranjero, sino de que tiene menos poder calorífico que el carbón de importación, por lo que de no estar subvencionado desaparecería al ser un sector ineficiente que cuesta mucho dinero a cada ciudadano.
Al mismo tiempo, cada tonelada de emisión de CO2 conlleva una penalización en función de la legislación y es la compañía eléctrica la que ha de hacer frente a ese coste (que también se acaba trasladando al consumidor), pues está obligada por la Administración a adquirir dicho carbón al precio estipulado por el poder público.
Todo esto contrasta con las declaraciones de Mayoral, que considera «perfectamente compatible» el mantenimiento de la minería española con una reducción paulatina del consumo del dióxido de carbono a nivel nacional. Algo así como pretender soltar el embrague y pisar el freno al mismo tiempo.
Minería: más de 13.000 millones en subvenciones en 15 años
Entre 1998 y 2011, a través de distintos planes del carbón, el sector de la minería recibió más de 700 millones anuales en ayudas a la explotación y al cierre de la actividad, a través de un plan de prejubilaciones que comenzaba a los 52 años (incluso antes con bonificaciones) y que disfrutaba también el personal de oficina.
Además de esos 700 millones al año, mediante los Fondos Mineros se asignaron otros 3.130 millones de euros para infraestructuras, planes de formación y subvenciones a nuevos proyectos empresariales y otros 1.500 millones de euros a repartir durante los ocho años del Plan.
La minería ha recibido, en total, más de 13.000 millones de euros en subvenciones en apenas 15 años a través de diferentes planes firmados por los sindicatos mineros. Algunas estimaciones, como las del economista Arturo Taibo, sitúan el coste de los últimos 30 años cerca de los 26.500 millones de euros.
Calcular con exactitud cuánto dinero de las arcas públicas ha recibido el sector minero en las últimas décadas se convierte en una tarea titánica a la luz de las distintas partidas, subvenciones y privilegios de los que ha disfrutado y disfruta.
