El plan del PSOE y Podemos sobre los emprendedores elevará las cotizaciones a 700.000 autónomos

Bajo el epígrafe «España nación emprendedora» del acuerdo del Gobierno socialcomunista se esconde una medida que puede poner en jaque a muchos trabajadores por cuenta propia.

Uno de los desafíos a los que se enfrentan los autónomos el próximo año es el objetivo de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias de que los trabajadores por cuenta propia tengan un sistema de cotización proporcional a los «ingresos reales».

El pacto del PSOE y Podemos lo recoge así: «Se establecerá un sistema de cotización por ingresos reales, sobre la base de la información fiscal, que les comportará mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación y que evitará que los y las autónomos (sic) que menos ingresan paguen una cuota excesiva y que además redundará en una mayor recaudación para el sistema y contribuirá a reforzar la solidaridad entre autónomos».

El problema es que, según un análisis que elaboró ATA sobre esta propuesta incluida ya en los programas electorales del as dos formaciones, podría provocar una subida de las cotizaciones sociales a, al menos, 700.000 trabajadores por cuenta propia.

La principal asociación de autónomos, ATA, consideraba en ese informe que «el RETA sin duda necesita ser mejorado, pero dicha mejora debe de realizarse desde el rigor, el conocimiento exhaustivo de la realidad de los autónomos y con el único fin de incrementar la contributividad al sistema y por ende la protección social de los autónomos».

La asociación que preside Lorenzo Amor opina que si bien la implementación de un sistema de cotización proporcional a los “ingresos reales de los autónomos», con el fin de que ‘el que gane más pague más y el que gane menos pague menos’, «parece lógica y deseable», desde un punto de vista práctico y operativo, y con la información y los medios disponibles a día de hoy, no la hacen factible.

Definición

¿Cuáles son los motivos? En primer lugar, que la definición y determinación de los ingresos reales de los autónomos sobre los que establecer dicha cotización conlleva «serios problemas desde un punto técnico, limitan la eficacia de dicha medida y cuestionan la necesidad de llevar acabo la reforma que implica dicho sistema en el RETA».

El principal problema se encuentra en la definición de “ingresos reales”, ya que podría referirse tanto a la facturación total como a los rendimientos netos (ingresos menos gastos), determinando éstos últimos la base imponible desde el punto de visto fiscal.

La consideración de la facturación como “ingresos reales”, podría conllevar que, por ejemplo, en el caso de un transportista, la base sobre la que se determinaría la cotización correspondiente estaría sobredimensionada. El transportista incluye en su facturación el carburante, que puede llegar a suponer el 40% de la misma, así como otros gastos como el mantenimiento del vehículo y su amortización. En caso de considerar la facturación sin la sustracción de dichos gastos, nos encontraríamos en un claro supuesto de sobrecotización sobre lo que realmente percibe (rendimiento neto) el autónomo. Es decir, pagaría más de lo que puede y debe cotizar.

Por tanto, lo más adecuado sería considerar los rendimientos netos como “ingresos reales”. Ahora bien, ello también conlleva dificultades, según ATA.

En este caso (de contemplar los rendimientos netos), existen tanto problemas temporales en cuanto al periodo de referencia (la Agencia Tributaria sólo tiene dicha información 18 meses después del cierre del ejercicio fiscal) como problemas en cuanto a la determinación de dichos rendimientos para ciertos colectivos del RETA que, o bien no tienen rendimientos o están vinculados a un tercero (sociedad, en el caso de los societarios, o autónomo principal, en el caso de familiares colaboradores), o son predeterminados (autónomos en módulos).

Según la patronal de los autónomos, «las dificultades técnicas para establecer los ingresos reales» limitarían el impacto del establecimiento de dicha proporcionalidad a como mucho un millón de autónomos que «cotizarían en relación a unos resultados obtenidos un año y medio antes».

 Afectados

Si la motivación de implementar dicho sistema es precisamente la de ayudar a aquellos autónomos cuyos ingresos no superan la base mínima anual, debería de tenerse en cuenta que estos apenas representarían el 30% de ese millón, puesto que la Agencia Tributaria, establece que el 70% de los autónomos declara unos rendimientos netos superiores a la base mínima.

Por tanto, según ATA, un sistema de cotización proporcional a los ingresos de los autónomos supondría el incremento de la cuota de la Seguridad Social para unos 700.000 autónomos. Y esto sólo en el mejor de los casos. Debería por tanto estudiarse si dicho incremento de ingresos compensaría la rebaja de cuota en los que no alcanzan unos rendimientos superiores a la base mínima de cotización.

Es decir, el incremento de la contributividad al sistema no alcanzaría ni a una cuarta del total de autónomos, ejerciendo sobre ellos un incremento sustancial de sus cuotas a la Seguridad Social para poder compensar la rebaja en el resto, poniendo en riesgo su viabilidad pues “los beneficios de hoy son el colchón del mañana para un autónomo que se enfrenta a la incertidumbre de la evolución del negocio y sus ingresos”.

Las recetas de ATA

Los incentivos y la pedagogía son para ATA «una alternativa factible a la imposición de medidas coercitivas que pueden atacar la voluntariedad en la elección de bases, poner en riesgo la viabilidad de muchos negocios y no tener la eficacia buscada».

Por otro lado, esta patronal explica que «pese a los intentos de achacar a los autónomos todos los males de nuestro sistema de Seguridad Social, el RETA, es uno de los regímenes más sostenibles (daría superávit de no ser por la integración de agrarios en 2008) y que menos contribuye al déficit del sistema».

No obstante, los autónomos consideran que el sistema necesita una revisión y que haya más educación financiera e incentivos, ya que sí es cierto que los autónomos cotizan un 40% menos que los asalariados y que, por lo tanto, reciben un 40% menos de prestaciones.