La España de Sánchez: 100.000 empresas menos y el segundo mayor desplome del PIB en 170 años

Cuando en alguna oportunidad el ahora ministro de Consumo, Alberto Garzón, dijo que el problema del paro podría solucionarse mediante la contratación de un número suficiente de empleados públicos, provocó risas y bromas. ¿En qué cabeza cabe que esa pueda ser la solución? ¿Quién pagaría el enorme gasto público para financiar esa iniciativa? Esas y otras preguntas similares, en un contexto de hilaridad, fueron la respuesta a la ocurrencia del líder comunista.

Si no lo hicieron ya, todas esas risas y bromas deben terminar de inmediato: la disparatada propuesta de Garzón es ahora política de estado. Sí: el gobierno de Sánchez e Iglesias apuesta por el engorde del número de personas que cobra del estado como fórmula para acabar con el paro. A unos contratándolos para trabajar en el sector público; a otros retirándolos para siempre del mercado de trabajo, dándoles una paga -Ingreso Mínimo Vital-. Al menos eso es lo que sugieren los datos de afiliación a la Seguridad Social recién publicados.

En los últimos doce meses, el número de empleados públicos creció en 163.600. Es un incremento interanual de 6,3%, el mayor ritmo de aumento de la plantilla del sector público desde 1990. Mientras tanto, 523.700 personas perdieron su empleo en el sector privado (-3,1%). Es decir que el sector público “compensa”, mediante sus contrataciones, 1 de cada 3 empleos perdidos en el sector privado.

Desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa, el peso del empleo público en la ocupación total pasó de 16,1% hasta 17,5%. Si continuara la actual tendencia, al final de la legislatura podría equivaler al 20%.

La estrategia es ruinosa y su fracaso ya está constatado: antes de la pandemia, Extremadura era al mismo tiempo la autonomía con mayor tasa de paro (21,5%) y mayor proporción de empleados públicos (1 de cada 4 ocupados). Pero si ya es un error llevarla a cabo en una comunidad pequeña, lo es más en el conjunto del país. Mucho más cuando todo el aumento del gasto público se está financiando con deuda.

Hoy trabajan 15,7 millones de personas en el sector privado (incluso menos, pues allí se incluyen los liberados sindicales). Sus impuestos deben financiar las nóminas de 10,3 millones de pensionistas, 3,4 millones de empleados públicos y 2,3 millones de personas que cobran el seguro de desempleo o un ERTE. No hay que ser demasiado listo para darse cuenta de que este desequilibrio entre pagadores y consumidores de impuestos es algo insostenible. Algo insostenible que Sánchez e Iglesias han hecho también más injusto con sus extemporáneos incrementos de las pensiones y salarios públicos al mismo tiempo que menguan los ingresos privados.

Hoy trabajan 15,7 millones de personas en el sector privado. Sus impuestos deben financiar las nóminas de 10,3 millones de pensionistas, 3,4 millones de empleados públicos y 2,3 millones de personas que cobran el seguro de desempleo o un ERTE.

Cuando el sector privado más necesita un alivio significativo de la carga impositiva y regulatoria para poder recuperarse cuanto antes y volver a crear empleo, Sánchez e Iglesias hacen lo contrario: han hecho de España el país con mayor déficit fiscal y más incremento de la deuda pública de toda la Unión Europea, pese a haber subido los impuestos.

En este contexto dramático, al mismo tiempo que mendigan fondos de recuperación a la Unión Europea, Sánchez e Iglesias pondrán en marcha un proyecto para estudiar la implantación de la jornada laboral de cuatro días, con un coste inicial de 50 millones de euros. Leyó bien: mientras en 2020 la economía sufrió su segundo mayor desplome en 170 años y cerraron más de 100.000 empresas, Pedro y Pablo aceptan estudiar un proyecto que implica subir los costes laborales un 25% (porque la descabellada idea supone trabajar 32 horas por semana en lugar de 40, pero seguir cobrando lo mismo).

Creo que está claro que, si en algún momento las propuestas de Garzón, Iglesias y Errejón causaron alguna gracia por su extravagancia, ese nunca debió ser el caso: conforman un grupo antisistema (quieren cambiar nuestro sistema económico por otro más parecido a los de Venezuela o la República Democrática Alemana) que está consiguiendo marcar la agenda del gobierno de España. Una agenda empobrecedora, que agiganta los riesgos macroeconómicos (tal vez eso sea parte del plan) mientras va limitando la libertad individual. Ojalá hubiera una vacuna para solucionarlo.