Montero insiste en no indexar la subida del SMI a los contratos públicos e impide cerrar un acuerdo

Golpe de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la negociación entre patronal, sindicatos y Trabajo sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Montero ha rechazado ligar la subida del SMI a los contratos públicos como pide la CEOE y aceptan los sindicatos, lo que deja muerta cualquier posibilidad de acuerdo ya que para la CEOE es una línea roja para aceptar cualquier subida de los sueldos de cara a 2024.

Montero ha vuelto a rechazar este jueves adaptar las contratas públicas a la subida del SMI argumentando que «no parece lógico» que el alza del SMI «recaiga sobre las cuentas públicas que pagan todos los ciudadanos».

«No vamos a hacer ninguna cuestión que haga que el coste de los servicios públicos se incremente en relación con lo que actualmente venimos prestando. Y tampoco parece lógico que las subidas del salario mínimo interprofesional recaigan sobre las cuentas públicas que pagamos todos los ciudadanos», ha señalado Montero en declaraciones a los medios antes de asistir al acto de homenaje a Nicolás Redondo Urbieta, en el salón de actos de la sede de UGT, en Madrid.

La CEOE ha señalado a este periódico que no van a realizar declaraciones sobre esta reafirmación de la ministra Montero.

La responsable de Hacienda ha animado a que haya un acuerdo equilibrado en el marco del diálogo social para que se produzca una subida del SMI que corresponde este año y que beneficia «a tantas familias y a tantos convenios colectivos».

En el marco de las negociaciones con agentes sociales para subir el SMI, el Ministerio de Trabajo ha mostrado su disposición a estudiar la repercusión de algunas contratas públicas afectadas por la subida del SMI -planteado por Trabajo en el 4%- para trasladárselo a los ministerios competentes. La patronal lleva tiempo pidiendo que se indexe el SMI a los contratos públicos, una demanda con la que, a priori, están de acuerdo los sindicatos.

CCOO y UGT han recordado que ésta «no es una decisión» sólo de Trabajo, ya que el Ministerio de Economía y el de Hacienda son los competentes, por lo que desde Trabajo han apuntado que primero «tendrán que hablar entre ellos».