Moncloa ‘vende’ un pacto con sindicatos y patronal sobre el permiso retribuido que no existe

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha vendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el permiso retribuido previsto desde este martes hasta el 9 de abril se ha pactado entre los empresarios y los sindicatos, aunque no es cierto.

Montero detalló esta medida, que supone un coste mayor en estos momentos para las empresa españolas, de la siguiente forma: «Es como si hubieras prolongado las vacaciones de Semana Santa». Y afirmó durante su comparecencia inicial: «También el permiso retribuido recuperable salva vidas, y esto es posible por el acuerdo entre empresarios, entre sindicatos, sabiendo este Gobierno las dificultades que ello conlleva».

El problema es que esta aseveración de la portavoz de Pedro Sánchez, a todas luces, no es cierta. La patronal CEOE, organizaciones como CEPYME -la patronal de las pymes- y ATA -la principal organización de autónomos- han criticado duramente las medidas lanzadas el pasado fin de semana por el Gobierno y que suspendían todas las actividades de los asalariados por cuenta ajena no considerados esenciales.

Por ejemplo, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, reprochaba este mismo lunes al Gobierno su «precipitación» en la paralización de las actividades no esenciales. «Hay fábricas donde los turnos empezaban a las diez de la noche. Pensamos que ha habido cierta precipitación. Se nos consultó, pero el sábado a la tarde, y se nos podía haber preguntado cómo se podía hacer y de qué manera. Se podría haber hecho mejor», aseguró.

En un comunicado el viernes a última hora de la tarde, CEOE afirmaba: «Van a impedir poner las bases de la necesaria recuperación económica de España y llevarán en última instancia a un mayor nivel de desempleo», avisaban las empresas, tanto grandes como pequeñas, en un comunicado conjunto.

Este mismo martes otras organizaciones de empresarios españoles han criticado que el Gobierno haya decidido, «sin consulta y al margen del diálogo social», decretar el cierre de toda actividad no esencial durante dos semanas y la restricción de los despidos para mitigar el impacto en la economía de la crisis del coronavirus.

En un comunicado conjunto, el Círculo de Empresarios y el Club de Exportadores e Inversores, junto con otras organizaciones, también cuestionaban que el Ejecutivo «ha sembrado dudas sobre la honorabilidad de los empresarios mediante insinuaciones, sospechas y amenazas innecesarias de inspecciones a los expedientes».