La irlandesa Spanish Solar demanda a España en el Ciadi por el recorte de las primas a las renovables

La pelea de los inversores internacionales contra España por el recorte de las primas a las renovables al 7% decretado por el expresidente Mariano Rajoy en 2013 -en plena crisis económica y para echar atrás el pago de un 25% de interés a las instalaciones ‘verdes’ aprobado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero para fomentar su uso- amenaza con eternizarse. Con denuncias activas todavía por valor de unos 5.000 millones de euros, ahora la irlandesa Spanish Solar se une a la larga lista de denunciantes y ha presentado una nueva demanda de arbitraje a España ante el Ciadi, organismo responsable internacionalmente de estos litigios dependiente del Banco Mundial.

Registrada el pasado 3 de agosto, la reclamación de Spanish Solar se suma a la de casi otro centenar de inversores internacionales que han recurrido al Ciadi a lo largo de los últimos nueve años. Según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de mayo, el montante total de las reclamaciones alcanza los 10.000 millones de euros.

Los inversores, como Spanish Solar, reclaman al Gobierno español una indemnización por haber recortado las primas al uso de estas energías una vez hechas las inversiones, lo que se conoce como ‘cambiar las reglas del juego a mitad de partido’. Zapatero impuso una prima del 25% para fomentar su uso y Rajoy, en plena crisis económica, la redujo hasta el 7% con el visto bueno de Bruselas.

Las resoluciones del Ciadi han dado parcialmente la razón a los demandantes, aunque reduciendo en cantidades importantes las pretensiones iniciales. Es el caso de la alemana RWE, que solicitaba 420 millones de euros y el Ciadi determinó que España sólo debía pagar un 7%, 28 millones.

Dos armas del Gobierno

Además, el Gobierno cuenta con dos armas a su favor. En primer lugar, apura todos sus recursos ante el Ciadi y suele pedir la anulación de los expedientes ante este organismo por incompatibilidad de los jueces designados, estrategia que le ha dado buenos réditos en ocasiones. También lo acaba de hacer en el caso de la reclamación de Bay Wa.

En segundo lugar, varias resoluciones de organismos de la Unión Europea se muestran a favor de España, al considerar que el pago de esas indemnizaciones supondría una ayuda de Estado e iría por tanto en contra del derecho europeo. Este es el argumento que ha servido para que Bruselas haya cuestionado hace unos días el laudo que obliga a España a pagar 101 millones a la luxemburguesa Antin.

Antin demandó a España el 22 de noviembre de 2013 y en 2018 el Ciadi determinó que la energética tenía derecho a cobrar 101 millones de euros de los 218 que le reclamaba. España pidió la nulidad del proceso y, ahora, Bruselas se alinea con España y ha iniciado una investigación de este expediente que podría finalizar con la petición por parte de la Comisión de la nulidad del laudo. «La Comisión investigará si el apoyo adicional concedido por el laudo arbitral es necesario para el desarrollo de una actividad económica, tiene efecto incentivador y es proporcionado. Asimismo, investigará si conceder ese apoyo únicamente a Antin puede falsear indebidamente la competencia», asegura.

Pese a todos estos antecedentes, Spanish Solar confía en poder torcer el brazo a España y a Europa y ha planteado un nuevo arbitraje contra el Estado.