Iglesias enfurece a los propietarios de viviendas: sus propuestas son de «dudosa constitucionalidad»

El vicepresidente Pablo Iglesias sigue alimentando su sueño de intervenir el mercado inmobiliario, aunque se ha topado con el muro de su socio de Gobierno y con la férrea oposición de los propietarios de viviendas, que consideran que sus propuestas son de «dudosa constitucionalidad». El líder de la formación morada pretende que la futura Ley de Vivienda limite el precio del alquiler en las zonas tensionadas, que los grandes tenedores cedan el 30% de sus viviendas a alquiler social, o que se reduzca de diez a cinco el número de inmuebles necesario para ser considerado un gran propietario.

Respecto a la definición de gran tenedor, la legislación actual contempla que es toda persona física o jurídica titular de más de diez o más inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o que dispone de una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. Sin embargo, Pablo Iglesias quiere reducir el número de inmuebles hasta cinco a más, lo que, según los propietarios de viviendas en alquiler, roza la inconstitucionalidad. «Consideramos que distinguir entre pequeños y grandes propietarios carece de lógica alguna, y es de dudosa constitucionalidad, porque el derecho a la propiedad privada es igual para todos. Carece de sentido regular en función del número de viviendas que posee», denuncia la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL).

Podemos quiere que la futura Ley de Vivienda limite el precio del alquiler en las zonas tensionadas o que los grandes tenedores cedan el 30% de sus viviendas a alquiler social

Los expertos en leyes también dudan de que el nuevo concepto de gran tenedor fuera constitucional. Ramiro Salcedo, abogado especialista en Derecho Civil y Penal, cree que atentaría contra los artículos 14 y 33 de la Constitución Española. El primero dice que los españoles son iguales ante la ley, y el segundo reconoce el derecho a la propiedad privada. «Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes», dice la Constitución.

«El concepto de gran tenedor es nuevo y puede atentar contra el artículo 14 de la Constitución Española porque explica que en función de un número de inmuebles u otros, se pueden tener derechos diferentes. Ademas, la medida no tendría efecto real en el mercado inmobiliario puesto que existen herramientas para poder repartir las propiedades en diferentes personas jurídicas», explica Salcedo.

Cerco a los grandes tenedores 

Los propietarios de viviendas en alquiler también han rechazado frontalmente la propuesta de Podemos de que los grandes tenedores cedan el 30% de sus viviendas al alquiler social. A su entender, se trata de una expropiación, y también atenta contra el Derecho a la propiedad privada recogido en el Artículo 33 de la Constitución Española. Los propietarios  están convencido de que la medida ahuyentaría a los inversores nacionales e internacionales y supondría»un varapalo sin precedentes» a las vías de colaboración público-privadas. «La Administración no puede cargar sobre el sector privado la responsabilidad del Estado de dotar vivienda pública a los colectivos vulnerable», dicen desde Asval.

A pesar de las críticas, los podemitas están decididos a sobrepasar todos los límites e insisten en que negociarán hasta la extenuación la letra pequeña de la futura Ley de Vivienda. Ione Belarra, secretaria de Estado de Agenda 2030, estima que el parque público de vivienda aumentaría en 140.000 o 150.000 piso si obligan a los grandes tenedores a ceder sus viviendas.

Podemos aumentar el parque público de viviendas en alquiler social en 140.000 o 150.000 inmuebles con un pequeño esfuerzo de los grandes propietarios.

Todos y todas tenemos que arrimar el hombro para garantizar el derecho a la vivienda, especialmente quienes hacen negocio con él pic.twitter.com/xe40PmG6ng

— Ione Belarra (@ionebelarra) February 2, 2021

PSOE dice no a Iglesias 

La futura Ley de Vivienda está poniendo en evidencia las discrepancias que existen entre PSOE y Podemos. Los socialistas ha rechazado -por el momento- las propuesta de Podemos de obligar a que los grandes tenedores dediquen el 30% de sus viviendas al alquiler social o cambiar el concepto de gran tenedor.

Los podemitas insisten en que negociarán hasta la extenuación la letra pequeña de la futura Ley de Vivienda

El encargado de echar por tierra las aspiraciones Podemos ha sido el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. José Luis Ábalos pedía este mismo lunes «olvidar» políticas de «carácter confiscatorio o expropiatorio». La futura Ley de Vivienda todavía está en trabajos previos dentro del ministerio que dirige Ábalos y no tiene fecha para ver la luz, aunque la aspiración inicial del Gobierno era que se aprobara en febrero.