Hacienda ofrece al PSOE acelerar la mejora de la financiación autonómica si no bloquea los Presupuestos

Presupuestos
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (Foto EFE)

El Gobierno acaba de ofrecer al PSOE acelerar la reforma de la financiación autonómica. Es más, le ha ofrecido incorporar de urgencia las primeras mejoras -con incremento de los fondos a recibir por las CCAA-, pero con una importante matización: que esas mejoras iniciales deberían recogerse en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Algo que resultará imposible si no se logra la mayoría suficiente para aprobar los Presupuestos. Y es que, de hecho, la oferta del PP al PSOE incluye una condición, la de que no bloqueen y faciliten la aprobación de esos Presupuestos.

El ofrecimiento, realizado a través del Ministerio de Hacienda, incluye que los Presupuestos de 2018 contemplen ya las líneas generales del nuevo sistema de financiación autonómica. Este viernes, día 24, finaliza, de hecho, el plazo para que las comunidades autónomas planteen sus alegaciones y sugerencias sobre esta cuestión. Es decir, que si hubiese un planteamiento firme por parte de las comunidades socialistas y la dirección de su partido y, además, hubiese respaldo garantizado en la Cámara para aprobar los Presupuestos de 2018, no habría problema para incluir esos cambios en un sistema de financiación que el propio PP se comprometió a modificar en la pasada legislatura y que, sin embargo, sigue a la espera de modificación.

Pero lo cierto es que la promesa del PP sólo se podrá materializar si, además, los socialistas son capaces de garantizar el apoyo suficiente como para impulsar unos Presupuestos nacionales. Porque, en caso contrario, como ya se pudo comprobar en la última tramitación de los Presupuestos, las cuentas no podrían impulsarse y, por lo tanto, todos lo cambios prometidos dentro de ese marco normativo quedarían en el aire.

El PSOE se enfrenta, así, a una triple dificultad. Para empezar sabe que, tras haber apoyado la aplicación del artículo 155 en Cataluña impulsado por Mariano Rajoy, los sectores más radicales de su partido verían con muy malos ojos el apoyo a unos segundos Presupuestos del PP, salvo en el caso de que el premio obtenido en la tramitación fuese más que notable -y Sánchez es el primero que sabe que esos sectores radicales fueron precisamente los que le elevaron a la Secretaría General del Partido Socialista-.

En segundo lugar, comunidades autónomas de su propio partido, como es el caso de la valenciana, ya han elevado el precio a pedir en esa reforma de la financiación autonómica a nada menos que 26.000 millones de euros -para todas las regiones-, una cifra tan elevada que será muy difícil que haya acuerdo dentro de esos parámetros.

Y, en tercer lugar, en caso de que decida no respaldar los Presupuestos, le habrá puesto muy fácil al PP argumentar que la culpa de que no llegue una mejora de los fondos de las propias autonomías socialistas la tiene el propio Pedro Sánchez por no haber facilitado la aprobación de unos Presupuestos donde se pensaba incorporar ya este aumento de los fondos. Y hay que recordar que esas autonomías -por ejemplo, Andalucía, Castilla La Mancha o Asturias- han sido los feudos más críticos con Sánchez dentro de las filas socialistas, y, por lo tanto, no dudarían en utilizar su falta de fondos como arma interna contra el actual secretario general del partido.

Este laberinto político se complica aún más. Porque fue el propio Pedro Sánchez el que exigió al PP que, a cambio del apoyo al 155, se comprometiese Rajoy a abordar una reforma de la Constitución en la Comisión de Territorialidad lanzada por el PSOE. Pues bien, en esa Comisión se supone que se debería negociar la nueva financiación puesto que, si se va a modificar todo el esquema territorial, en base a qué se puede definir ahora un nuevo modelo de financiación cuando todo el esquema territorial puede saltar por los aires. Dicho de otra manera, si Pedro Sánchez quiere una reforma de la financiación autonómica urgente debería renunciar a sus aspiraciones en esa comisión o, por lo menos, admitir que su nuevo modelo territorial va para largo. Y el territorio de la espera es la especialidad del PP para dejar que este tipo de pactos vayan oxidándose.

Si a todo esto se le suma que el PSC pretende utilizar esa comisión para exigir cuestiones que afectan el eje mismo del modelo plasmado en la Constitución, cambios que difícilmente podrá acepar el PP, la tormenta perfecta está definida en el seno de la familia socialista. Un tormenta que deberá soportar Pedro Sánchez por haber construido su partido en base a una amalgama de intereses contrapuestos.

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