El Gobierno obligará a las empresas que reciban ayudas directas a no cerrar hasta el 30 de junio de 2022

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este viernes un paquete de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial con la concesión de ayudas directas para empresas y autónomos afectados por los efectos derivados de la crisis del coronavirus dotadas de 11.000 millones de euros para reforzar a los sectores más afectados. No obstante, la recepción de estas ayudas estará condicionada a mantener su actividad hasta junio de 2022.

Así lo ha explicado la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes para aprobar las ayudas directas a las empresas afectadas por la pandemia divididas en trono a tres fondos: línea de 7.000 millones de euros en ayudas directas a empresas y autónomos, línea de 3.000 millones de euros para reestructuraciones de la deuda financiera y un fondo de 1.000 millones de euros de recapitalización de empresas afectadas por la crisis del coronavirus gestionada por Cofides.

Sin embargo, Calviño ha destacado que «para que los autónomos y empresas puedan acceder a las ayudas aprobadas este viernes por el Gobierno se fijan una serie de condiciones que deben cumplir en el momento en el que se presenta la solicitud a las mismas».

«Las empresas receptoras no pueden tener su domicilio en un paraíso fiscal, ni estar en concurso ni haber cesado la actividad en el momento de la solicitud, deben estar al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, no repartir dividendos ni aumentar los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años y mantener su actividad hasta junio de 2022», ha puntualizado la titular de Asuntos Económicos.

Por su parte, no han aclarado cuando recibirán las empresas afectadas las ayudas directas y han pasado la pelota a las comunidades autónomas, que serán las encargadas de gestionar el paquete de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial.

Caída de la facturación

En concreto, este paquete financiero se tratará de ayudas directas no reembolsables de carácter finalista, que se podrán destinar al pago de deuda contraída desde marzo de 2020, tanto la relacionada con proveedores, como el pago de gastos fijos o deudas financieras y no financieras, siempre que la caída de la facturación sea al menos un 30% respecto a la de 2019.

A las medidas, aclaró Calviño, podrán acogerse pymes y autónomos de 100 actividades económicas diferentes, que podrán compensar, como máximo, el 40% de la caída adicional de ingresos en el caso de pymes y micropymes, y hasta un 20% para el resto de empresas. En concreto, los autónomos que tributan en módulos recibirán hasta 3.000 euros y entre 4.000 y 200.000 euros el resto de empresas, importes que podrán elevarse tanto en Canarias y Baleares, siempre dentro de los límites de ayudas de Estado fijados por Bruselas.

Junto con el paquete de ayudas directas, el decreto contempla también una línea de 3.000 millones que gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para extender los plazos de los avales y el importe de los mismos, que permitirán convertir los crédito en préstamos participativos, así como otorgar transferencias directas a pymes y autónomos para reducir el principal. Para ello, se aprobará un nuevo Código de Buenas Prácticas en el sector bancario.

Por último, el real decreto incluye un fondo de recapitalización de 1.000 millones de euros, gestionado por Cofides, que complementa el fondo de 10.000 millones de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que se destinará a reforzar el balance de las empresas y que obligará a estas empresas a mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2022 y no podrán ni repartir dividendos ni incrementar la remuneración de la alta dirección en dos años.