El Gobierno comunica a Bruselas que hará permanentes el impuesto a bancos y energéticas

Otro cambio de opinión del Gobierno. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha confirmado este martes tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo se ha comprometido con Bruselas a hacer permanentes el impuesto a bancos  y energéticas, pese a que aseguró que serían temporales cuando los aprobó para los ejercicios 2023 y 2024. Ese compromiso forma parte del Plan Fiscal que el Gobierno ha enviado a Bruselas y que prevé que el déficit sea del 0,8% en 2031 y la deuda, del 90% del PIB.

Cuerpo ha señalado que el plan fiscal estructural que se remitirá este martes a Bruselas «evidentemente conlleva la extensión o permanencia de los tributos» sobre bancos y eléctricas, aprobados inicialmente para dos ejercicios y, posteriormente, ampliados a uno más.

La permanencia del impuesto a bancos y energéticas -que han recaudado 2.859 millones este año- ya fue pactada con Sumar como parte del acuerdo de investidura e implica convertirlos en impuestos a través de una ley, un proceso que aún no ha comenzado, por lo que es difícil que pueda concluirse antes de final de año.

Así, para evitar que los gravámenes temporales decaigan a final de año, el Gobierno podría optar por prorrogarlos hasta que se aprueben las eventuales leyes que los conviertan en impuestos.

Con respecto al resto de medidas de la reforma fiscal comprometida, Cuerpo se ha limitado a apuntar que se están «aterrizando» con la Comisión Europea, ya que también formaba parte de las reformas previstas en el Plan de Recuperación.

Aunque no ha dado detalles, el ministro sí ha apuntado que la presión fiscal en España está por debajo de la media europea, lo que deja «margen» para «realizar medidas de reforma en materia de ingresos sin por ello dañar el crecimiento» económico.

Lo que sí ha explicado es que España ha comprometido con la Unión Europea a fijar el crecimiento del gasto primario neto promedio en el 3% en un horizonte a siete años, en cumplimiento con las nuevas reglas fiscales de la UE. «Este gasto es el que vamos a tener o del que tenemos una referencia hacia adelante y el que vamos a tener de manera transparente que ir cumpliendo año a año para estar en línea con las reglas fiscales», ha explicado.

El Gobierno español se ha decantado por extender el horizonte de ajuste a siete años, con un plan a medio plazo que viene acompañado de un programa de reformas e inversiones, que incluye medidas fiscales, de transición ecológica, de transformación digital y de capital físico y humano.

La trayectoria debe garantizar que, al final del período de ajuste, la deuda pública se halle en una senda descendente plausible, o se mantenga en niveles prudentes por debajo del 60% del PIB a medio plazo, y que los déficits no superen el umbral del 3% del PIB y también mantengan ese comportamiento a medio plazo.

Según el Gobierno, el cumplimiento con la regla de gasto planteada en su plan de ajuste garantiza la continuidad de la estrategia de responsabilidad fiscal. Las perspectivas del Gobierno sitúan el déficit público en una senda descendente, pasando del 3% del PIB en 2024, al 2,5% en 2025 y al 2,1% en 2026. De acuerdo con las proyecciones más a largo plazo, el déficit se situará en el 0,8% del PIB en 2031.

En cuanto a la deuda, el Gobierno prevé que la ratio sobre el PIB baje del 102,5% en 2024, al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles «prudentes» del 60% planteado por Bruselas.