El Gobierno de Andorra investiga las manifestaciones vertidas por el empresario español en OKDIARIO

Jordi Cinca
El ministro de Finanzas y portavoz del Gobierno de Andorra, Jordi Cinca. (Foto: EFE)

Rubén Pulido, el empresario español que tuvo el valor de alzar la voz ante la situación de descontrol e inseguridad jurídica nacida en torno al euro andorrano, se enfrenta a un posible delito de calumnias y difamación contra funcionarios públicos del Principado.

Un artículo sobre el asunto de los euros andorranos en OKDIARIO con gran repercusión gracias a su  movimiento en las redes sociales (más de 1.000 retuits en Twitter) lo puso en el centro de la diana. En él, el empresario explicaba cómo Andorra, tras lograr tener su propio Euro andorrano, y ante la falta de un organismo de control, propició un negocio especulativo de dinero negro que llegó a superar, según diversos medios, los tres millones de euros en apenas seis meses. 

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Según  explicaba  Pulido  a  OKDIARIO,  “el  problema  surge  porque  el  Gobierno andorrano  habilitó  los  mecanismos  para  diseñar  primero  y  después  emitir  sus propios euros, con lo que fomentó la puesta en circulación de la moneda a través de su ministro de Finanzas, Jordi Cinca, pero sin dotarlo de ninguna institución que regulara la distribución internacional de las divisas. Algo que podría haber evitado que se desatara el círculo especulador con la venta a coleccionistas y profesionales”.

Pulido  señalaba en el citado artículo  que  por carteras  de  monedas  de  apenas  cuatro  euros  de valor  real, se  llegan  a  pagar  más  de  170  euros.  “Hemos tenido noticias de que los ciudadanos andorranos que más compran en Andorra, llegan incluso a pactar precios para incrementar el valor de las monedas que controlan”, denunciaba Pulido.

Diligencias preliminares

La investigación de la Fiscalía de Andorra, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, pretende imputar a Rubén Pulido un doble delito que deriva de sus manifestaciones: calumnias con publicidad y delito menor de difamación contra funcionarios públicos. Sin embargo, según su abogado (Víctor López, de LBO Abogados), no existe riesgo real de condena "al no existir un presupuesto de hecho fundamental cual es el realizar las declaraciones o imputar un delito con temerario desprecio hacia la verdad”, pues hay base probatoria que sustenta las mismas.

 

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