Giro en las tarjetas de crédito: te van a vigilar si haces esto y no hay escapatoria

El uso de tarjetas de crédito, débito y otros métodos de pago digitales se ha convertido en una práctica habitual para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, mientras facilitan nuestras vidas, estas herramientas también están en el punto de mira de las autoridades fiscales. En España, el Ministerio de Hacienda ha dado un paso decisivo para intensificar el control sobre estas operaciones, especialmente para aquellos usuarios con mayor actividad financiera.

El nuevo real decreto, que tiene intención  de aplicarse a partir del próximo año, promete un cambio significativo en la forma en que se vigilan las transacciones realizadas con tarjetas. Tanto bancos como grandes almacenes y plataformas de pago tendrán la obligación de informar detalladamente sobre determinados movimientos. ¿Qué implica esto para los consumidores? No habrá escapatoria si superas ciertos umbrales. De hecho, en el caso de que tu tarjeta de crédito registre movimientos por más de 25.000 euros al año, es fácil que puedan solicitar un desglose para comprobar a qué corresponden esos gastos. ¿Pero cuál es el motivo de hacer estas comprobaciones? ¿Realmente Hacienda va a poner la lupa en nuestras tarjetas de crédito?.

Giro en las tarjetas de crédito

Hacienda ha introducido una nueva declaración anual que todas las entidades emisoras de tarjetas deberán presentar a partir de 2026. Esta medida afectará a cualquier tarjeta que haya acumulado movimientos por un importe igual o superior a 25.000 euros en un año. Pero no sólo hablamos de tarjetas físicas, ya que la normativa incluye también las digitales, las de prepago, las de monedero y cualquier otro medio de pago electrónico, independientemente de la moneda utilizada.

La obligación no se limita a los bancos. Grandes almacenes, redes de gasolineras y cualquier entidad emisora de este tipo de tarjetas deberán detallar el número de operaciones realizadas, el importe total y los datos del titular. Este nivel de escrutinio marca un antes y un después en la supervisión financiera, afectando tanto a particulares como a empresas.

¿Qué información recopilará Hacienda?

El nivel de detalle exigido por esta nueva normativa es considerable. Las entidades emisoras de tarjetas estarán obligadas a identificar al titular y desglosar:

• Cargos: todas las compras realizadas, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.
• Recargas: en el caso de tarjetas prepago.
• Retiradas de efectivo: cualquier operación realizada en cajeros automáticos.
• Transacciones en moneda extranjera: pagos realizados fuera del país o en divisas diferentes al euro.

Este seguimiento detallado tiene como objetivo reforzar la lucha contra el fraude fiscal y garantizar que las transacciones electrónicas estén dentro del marco legal. Según Hacienda, este cambio responde al creciente uso de medios de pago electrónicos, especialmente en un contexto globalizado donde muchas operaciones se realizan entre diferentes países.

El impacto en autónomos y empresas

La reforma también introduce una novedad que afecta directamente a empresarios y autónomos. Las entidades financieras deberán informar mensualmente a la Agencia Tributaria sobre todos los cobros realizados por estos colectivos mediante tarjetas o aplicaciones de pago como Bizum, PayPal o similares.

Lo más llamativo de esta medida es que no hay un importe mínimo para las operaciones que se reportarán. Desde el cobro más pequeño hasta las grandes transacciones, todas quedarán reflejadas en los informes que las entidades financieras enviarán a Hacienda. Esto significa que la fiscalización será prácticamente total, algo que generará nuevos retos para las empresas en términos de gestión y transparencia financiera.

Objetivos y contexto de la reforma

Este nuevo enfoque de control financiero se enmarca dentro de un plan más amplio de lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Además, forma parte de la implementación del impuesto mínimo global del 15% para grandes multinacionales, cuya ley ya se publicó en diciembre de 2024.

El proyecto también introduce cambios en los reglamentos del IRPF y los procedimientos de gestión e inspección tributaria. Incluso los programas informáticos de facturación, utilizados principalmente por empresas, se verán afectados por estas modificaciones. Este conjunto de medidas busca adaptarse a los nuevos tiempos, donde los pagos electrónicos son la norma y las transacciones digitales trascienden fronteras.

¿Cuándo se aprobará esta normativa?

El proceso para la aprobación del real decreto está en marcha. Tras someterse a información pública, el texto será evaluado por el Consejo de Estado antes de pasar al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Se espera que este trámite concluya en los próximos meses, permitiendo que las nuevas reglas entren en vigor en 2026.

Esta celeridad responde a la necesidad de establecer un marco normativo robusto que permita a Hacienda actuar con eficacia frente al fraude y la evasión fiscal. Al mismo tiempo, pone de manifiesto el interés del Gobierno por aprovechar las ventajas del entorno digital para mejorar la recaudación y la transparencia.

¿Qué pueden hacer los usuarios ante este cambio?

Para los particulares, esta normativa implica un mayor nivel de transparencia en el uso de sus tarjetas. Aunque el umbral de 25.000 euros anuales podría parecer elevado, es importante recordar que incluye todo tipo de operaciones, desde compras habituales hasta pagos en línea y retiradas de efectivo.

Los empresarios y autónomos, por su parte, deberán ser especialmente cuidadosos en la gestión de sus cobros y en la presentación de sus declaraciones fiscales. La supervisión mensual de las operaciones realizadas mediante tarjetas y aplicaciones como Bizum puede generar una carga administrativa adicional, pero también supone una oportunidad para fortalecer la confianza en sus actividades.

Un nuevo paradigma en la fiscalización

Este giro en las tarjetas de crédito refleja un cambio en la forma en que se gestiona la fiscalidad en un mundo cada vez más digitalizado. La Agencia Tributaria ya no sólo se enfoca en grandes patrimonios o empresas, sino que amplía su mirada hacia las transacciones cotidianas de los ciudadanos.

Para los usuarios, el mensaje es claro: no hay escapatoria si tus movimientos superan ciertos límites. Esta nueva realidad exige una mayor conciencia financiera y un compromiso con la transparencia. Al final, este cambio no solo busca proteger los ingresos del Estado, sino también garantizar que las reglas del juego sean iguales para todos.