Los gestores alertan de que habrá una avalancha de empresas declarándose en quiebra en diciembre

La incertidumbre que han generado las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente al impacto de la crisis del coronavirus ha provocado una avalancha de consultas de los empresarios en las gestorías y los despachos de abogados que se van a convertir en concursos de acreedores a finales de diciembre -fin del plazo-. Una situación que se produce por la falta de liquidez de la empresas y el desplome del consumo durante más de ocho meses, según los gestores administrativos.

Así lo explica el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Jesus Santiago Ollero, a OKDIARIO: «La avalancha de concursos de acreedores llegará en diciembre, ya que las empresas están esperando al último momento para declararse en quiebra ante la posibilidad de que Gobierno de Pedro Sánchez lance ayudas para evitar una sangría en el tejido empresarial. Hasta ahora sólo lo han hecho un 11% de nuestros clientes».

No obstante, Santiago Ollero explica que «los negocios con pequeños acreedores van a desaparecer sin procesos judiciales porque les sale más caro recurrir a la Justicia que perder la deuda que ha generado el impacto de la crisis del coronavirus en la empresa, ya que la caja de las empresas no aguanta más y mucho menos el gasto de los procesos judiciales».

Un concurso de acreedores es un procedimiento legal que se origina cuando una persona física o jurídica entra en una situación de insolvencia en la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos a los que tiene que hacer frente, que abarca las situaciones de quiebra y las de suspensión de pagos. Un escenario que según el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España «podría disparar los impagos a niveles históricos».

Evitar pagar impuestos

Por su parte, José Manuel Patón, abogado de derecho concursal en Legaltrade, explica que «si las empresas presentan un concurso de acreedores en el mes de diciembre no pagarán los impuestos de los últimos seis meses, ya que entra en situación de suspensión de pagos». Un escenario que provocaría un «boquete» en las arcas del Estado en plena crisis del coronavirus.

«El administrador natural de la empresas no tiene responsabilidad una vez se presente el concurso de acreedores, ya que es sustituido por el administrado concursal y Hacienda no podría reclamar hasta que termine la situación de suspensión de pagos o quiebra», explica Patón. No obstante, la Administración sería la primera en cobrar.

Ante este escenario, Patón pide al Gobierno de Pedro Sánchez que «baje los impuestos para dejar de asfixiar a las empresas, hundir la economía sumergida e incentivar el consumo». No obstante, el plan del Ejecutivo es justo el contrario, ya que planea una subida fiscal con la que el Ministerio de Hacienda -cartera de María Jesús Montero- prevé recaudar 340 millones de euros, lejos de las medidas que están tomando sus socios europeos.

Fin de la cortesía empresarial 

«Los plazos prudenciales para pagar a los proveedores terminan en el mes de septiembre y muchas empresas no han podido hacer frente a estas facturas por la caída de la facturación. Estos impagos provocarán un goteo de demandas en los juzgados, tras el fin de la cortesía empresarial», explica. Un escenario que provocará que un alto porcentaje de empresas se declaren insolventes por el impacto de la crisis del coronavirus.

Según el 56% de los gestores administrativos, sus clientes están teniendo problemas de cobro, frente al 28% que señala que sus clientes no los están teniendo. «El gran problema para el tejido empresarial español es que las empresas todavía no han recuperado el nivel de ingresos previo al impacto de la pandemia, lo que supone una clara reducción de la capacidad de pago», avisa Santiago Ollero.

«La falta de caja de las empresas va a provocar que los niveles de morosidad se disparen en los próximos meses ante el fin de los plazos prudenciales para pagar a los proveedores. Estos impagos provocarán un goteo de demandas en los juzgados, tras el fin de la cortesía empresarial», explican los gestores. Una situación que provocará que un alto porcentaje de empresas se declaren insolventes por la pandemia y la falta de mecanismo para frenar esta sangría.