Noviembre negro: caducará la prohibición de despedir a 387.000 empleados que dejaron el ERTE en mayo

Malas noticias para el empleo. El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España avisa de un noviembre ‘negro’ ante una avalancha de despidos por el fin de la cláusula de mantenimiento de empleo, que prohibe despedir durante seis meses a las empresas que aplicaron un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Una norma que caducará para los 387.000 empleados que se incorporaron a su puesto de trabajo en el mes de mayo con la llegada de la denominada como ‘nueva normalidad’.

Así lo ha explicado el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Jesus Santiago Ollero, en la presentación de la última encuesta realizada entre su colectivo, en la que ha asegurado que «prevemos que haya una gran cantidad de despidos en los próximos meses, ya que se ha abierto la veda ante el vencimiento de la limitación jurídica a despedir».

Un escenario que afecta de lleno a los trabajadores que salieron del ERTE en el mes de mayo, ya que han cumplido los seis meses durante los que el Ministerio de Trabajo -cartera de Yolanda Díaz- prohíbe despedir. Desde finales de abril, 457.909 personas han dejado de estar en situación de ERTE por fuerza mayor, pero 70.094 se han visto incluidas en por otro tipo de causas, lo que deja fuera de una suspensión de contrato a 387.815 trabajadores en el quinto mes del año.

En concreto, este cómputo de seis meses empieza a contar desde la incorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el ERTE, aún cuando éste sea parcial -esto es de un porcentaje de horas- o sólo afecte a parte de la plantilla. Por lo que, un trabajador que se reincorporará al trabajo al quinto mes podría ser despedido al mes siguiente.

Octubre no será el único ‘mes negro’

«El 60% de las gestorías – de las 6.000 encuestadas- pide derogar esta norma, ya que sólo sirve para que se acumulen los despidos una vez venzan los seis meses y para que las empresas tiren la toalla ante la imposibilidad de no mantener a sus trabajadores», explica Santiago Ollero. Avisa de que los primeros despidos ya se están produciendo, hasta provocar una sangría difícil de parar con las medidas que esta adoptando el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«Esto sólo sería el primer tramo de despidos que están por venir, pues, habrá un segundo tramo de despidos hacia febrero-marzo tras producirse la apertura judicial de los concursos de acreedores que el Gobierno ha ido trasladando en el tiempo y un tercer tramo cuando las empresas que se acogieron a créditos ICO tengan que devolver el principal», explica.

Todo ello, señala, sin contar los efectos sobre el empleo de las restricciones que ha impuesto el Ministerio de Sanidad -cartera de Salvador Illa- para hacer frente a la pandemia, con reducciones de aforo en la hostelería o incluso el cierre de locales. «Si el Gobierno no actúa con urgencia esto va a ser una hecatombe», explica.

Falta de liquidez

Un escenario que se suma a la falta de liquidez que viven las empresas tras el impacto de la crisis del coronavirus y las dificultades burocráticas que ha puesto el Gobierno de Pedro Sánchez para acceder a las ayudas. «El 82% de los gestores han manifestado que sus clientes no han recuperado el nivel de ingresos previo al impacto de la pandemia y han necesitado liquidez adicional para mantener la viabilidad del negocio».

«La falta de caja de las empresas va a provocar que los niveles de morosidad se disparen en los próximos meses ante el fin de los plazos prudenciales para pagar a los proveedores. Estos impagos provocarán un goteo de demandas en los juzgados, tras el fin de la cortesía empresarial». Una situación que provocará que un alto porcentaje de empresas se declaren insolventes por la pandemia y la falta de mecanismo para frenar esta sangría.

Ante este escenario, el presidente de los gestores administrativos pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez «claridad y rapidez a la hora de definir un plan específico para salvar a las empresas de la de la quiebra. Lo que preocupa a las pequeñas empresas es si podrán aguantar con su negocio abierto un mes más y quién pagará la nómina de su trabajadores sin despedir», explica.