El alquiler social está resultando ser un fracaso en España. Según un informe de la Fundación Alternativas, apenas supone el 2% del parque de vivienda social nacional. Según las mismas fuentes, la mayor parte se vende a agentes privados.

El informe «Gestión híbrida de la vivienda social. Hacia modelos colaborativos de provisión pública al margen del lucro», ha puesto de manifiesto la «debilidad» del modelo de provisión de vivienda social español, en detrimento de un parque de VPO adecuado a las necesidades de la población.

Explica también que el gasto directo en vivienda pública en nuestro país se ha reducido «drásticamente», lo que supone que el 75% del desembolso en vivienda se centre básicamente en la inversión indirecta en el sector privado.

Entre los principales motivos que están detrás de que las viviendas sociales en España se vendan y no se alquilen, el informe subraya el temor a que se produzcan impagos o los posibles conflictos vecinales que puedan recaer sobre la administración.

Esta tendencia, a su vez, ha hecho que los beneficiarios de estas viviendas no puedan acceder a ellas sin contar con un crédito, lo que ha provocado que amplios sectores de la población queden en una situación de «emergencia habitacional».

Esta situación contrasta con la que se registra, por ejemplo, en los Países Bajos, donde el 32 % de su «stock» residencial es vivienda de alquiler social, y donde operan las denominadas «Housing Associations», entidades privadas sin ánimo de lucro que promueven y gestionan vivienda social.

De hecho, el estudio explica que gracias al «nutrido» parque de vivienda de alquiler social que tiene Holanda, el alquiler privado se ha visto obligado a moderar sus precios.

En esta misma línea, el estudio señala otros países europeos como Austria, que dispone de un 24 % de vivienda social, o Dinamarca, con un 19 %, pese a que la renta «per cápita» de esos países es más elevada que la de España.

En este contexto, para paliar esta situación en España, el autor cree que es preciso desarrollar nuevos modelos orientados a lo social que se mantengan al margen del lucro y permitan garantizar una vivienda asequible bajo un modelo no especulativo estable en el tiempo.

Para ello, califica de necesario una cooperación entre el sector público, privado y social.