Fernández Ordóñez: la morosidad oculta de los bancos no provocará ahora quiebras como las de las cajas

Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), gobernador del Banco de España en la anterior crisis y señalado como uno de los principales culpables de la misma, admite que ahora se está siguiendo una táctica parecida a la que él aplicó en la burbuja inmobiliaria: no obligar a los bancos a aflorar toda su morosidad real. Pero considera que ahora, a diferencia de entonces, es una medida temporal y no veremos quiebras de entidades.

En un curso organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación de Periodistas Económicos, MAFO ha reconocido por primera vez que que «en algún momento en la crisis anterior, se discutió y se hizo» no obligar a los bancos a provisionar los créditos aplazados.

Esta ocultación de la morosidad real fue la que permitió al Banco de España y al Gobierno de Zapatero no rescatar al sector en 2009 (cuando el resto del mundo lo hizo) y decir que España tenía «el sistema financiero más sólido del mundo». Esa ‘patada adelante’ acabó en el rescate financiero de 41.000 millones para salvar a las cajas en 2012 y la quiebra del Banco Popular en 2017.

Pero ahora MAFO cree que la situación es diferente: «Ahora se está haciendo de una forma muy temporal», afirma, lo que implica reconocer que, en su época al frente del Banco de España, fue una medida permanente.

Por eso, ahora «no llevará a situaciones peligrosas como quiebras de entidades», a diferencia de la gran crisis financiera. A su juicio, «las autoridades ahora no quieren añadir más problemas a esta coyuntura tan difícil». Y ha concluido: «Es razonable, yo habría hecho lo mismo».

Fernández Ordóñez ha centrado su conferencia en la promoción de su libro ‘Adiós a los bancos’. A su juicio, los problemas de fragilidad, de política monetaria ineficiente y de falta innovación en los servicios de pago son una consecuencia exclusiva del sistema de dinero y banca, que están «indisolublemente unidos».

En su opinión, si los bancos renunciasen a su actividad de depósitos y se introdujese el dinero digital público (CBDC), dejarían de estar «protegidos» por el Estado y se verían obligados a trabajar en un entorno de mayor competencia y menor intervencionismo, que propiciaría una mejora de los medios de pago y la llegada de nuevos servicios.