Fedea critica la reforma del subsidio de paro: pide elevar el importe a cambio de limitarlo a un año

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado este martes un documento en el que cuestiona las medidas tomadas por el Gobierno en torno a la reforma del subsidio de paro. En concreto, la organización pide «mejorar la cuantía de la prestación económica contributiva limitando el periodo a 12 meses», entre otras propuestas.

La fundación también considera que «el uso de la fórmula de RD-ley deteriora la calidad de la norma al no contar con los correspondientes informes vinculantes y consultivos sobre su contenido». Por tanto, Fedea muestra su disconformidad ante la falta de diálogo y acuerdo ante una norma tan trascendente. «La opción elegida es menos comprensible cuando la norma entra en vigor en junio de 2024».

Fedea y el subsidio de paro

La fundación considera que el subsidio de paro «se trata de una prestación con una cuantía muy modesta, en torno al umbral de subsistencia», lo que provoca que no haya «demasiado margen para la estrategia de ir reduciéndolas para incentivar la vuelta al mercado de trabajo», que es el motivo de la existencia de la ayuda, según Fedea.

La organización plantea que la nueva reforma del Ejecutivo no cambia esta situación y recuerda que la ayuda tiene unas características diferentes al resto: «La situación del subsidio por desempleo después de la reforma no guarda la necesaria relación y coherencia con el resto de las prestaciones económicas existentes dirigidas a personas en desempleo (IMV y rentas autonómicas). La opción de simplificar el número de prestaciones identificando las funciones específicas de cada una de ellas podría ser más eficiente para conseguir los objetivos buscados».

Para mejorar la situación, Fedea propone una serie de medidas a tener en cuenta por los legisladores: «Se podría mejorar la cuantía de la prestación económica contributiva limitando el periodo a 12 meses, disponer de un subsidio por desempleo por un periodo máximo de 18 meses y, en caso de mantenerse la persona en desempleo, pasar a percibir el Ingreso Mínimo Vital, actuando las rentas autonómicas como completo de los colectivos con mayores necesidades».

De ser así, la fundación plantea que la reincorporación al mercado laboral por parte del afectado sería más fácil. Para ello, los economistas ven necesario que la totalidad de las prestaciones deberían ser compatibles con el empleo, configurándose como un porcentaje adicional al salario que disminuiría de forma progresiva con el tiempo.

Esta «relación inversa aplicada entre el porcentaje de subsidio percibido y la antigüedad cobrando el subsidio» que proponen los profesionales tiene como objetivo animar «a salir de la situación de desempleo lo antes posible, pero también reduce el incentivo a quienes llevan en desempleo más tiempo».

En definitiva, Fedea considera que «la pretensión declarada por el Gobierno de mejorar la empleabilidad de los perceptores del subsidio a través de las políticas activas de empleo parece lejos de cumplirse».

Más gasto para la Administración

La organización de profesionales también advierte que las consecuencias de la reforma no sólo van a afectar a los que disfrutan de la prestación, sino que también va a producir un efecto negativo sobre las cuentas públicas.

Así, el número de beneficiarios aumentaría y, con ellos, el gasto público. «El avance en el objetivo de activación de las personas en desempleo está acompañado de una significativa ampliación del número potencial de perceptores (menores de 45 años sin cargas familiares y trabajadores agrícolas), de la duración de la prestación en algunos casos y de la cuantía del subsidio», explica.

«Dado que cada 100.000 nuevos beneficiarios con una cuantía media de 510 euros al mes en doce pagas, aumenta el gasto en 612 millones de euros, una hipótesis de 400.000 nuevas personas percibiendo el subsidio aumentaría las necesidades financieras en 2.500 millones de euros al año (0,17 puntos de PIB)», calcula Fedea.

Además, los economistas plantean que establecer el mantenimiento de la renta individual como requisito para acceder al subsidio por desempleo, incluso cuando se forme parte de una unidad familiar, genera una pérdida de eficiencia en la utilización de los fondos públicos y puede comprometer la equidad en su asignación para otros fines alternativos.

Por tanto, Fedea considera que la reforma precisa de más diálogo social y de cambios que no comprometan a los beneficiarios y a las cuentas de la Administración.