Elvira Rodríguez, vicesecretaria económica del PP

«Es falso que los ayuntamientos ahorren en intereses lo que dice Hacienda si entregan sus remanentes»

Elvira Rodríguez, vicesecretaria económica del PP, desmonta el último intento del PSOE por convencer a las corporaciones para que entreguen sus ahorros al Tesoro.

"Han hecho el cálculo, 70 millones, en función del máximo tipo de interés que pagan los ayuntamientos a los bancos. Pero no es verdad, lo hemos comprobado en nuestras corporaciones", explica.

Elvira Rodríguez, vicesecretaria de Economía del PP, desmonta en declaraciones a este diario el último intento del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para que los ayuntamientos acepten entregar al Tesoro los remanentes de los que disponen en sus cuentas, unos 15.000 millones en total. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ofreció este martes que el Estado pagara los gastos bancarios que incurren las corporaciones por tener esos fondos en el banco, que cifró en hasta 70 millones de euros. Rodríguez asegura que «es falso, lo hemos comprobado en nuestros ayuntamientos».

«Lo que ha hecho la ministra es calcular el ahorro para las corporaciones en base a abono a la banca de un tipo de interés del 0,50%, el máximo. Pero no es verdad porque hemos mirado en nuestros ayuntamientos y sólo hay un banco que cobra ese interés, el resto no lo hace. Así que el ahorro no son los 70 millones que dice la ministra», explica en conversación con este diario.

Para Rodríguez la decisión del Gobierno de quedarse los remanentes que han estado guardando durante años los ayuntamientos es un «error político y económico», una «confiscación» de ese dinero. Una decisión, en definitiva, discriminatoria e inconstitucional porque no es igual para todos los ayuntamientos, sólo para los que tienen superávit.

Por eso, la diputada popular explica que el PP se va a movilizar para tirar abajo este real decreto, criticado por todos los partidos políticos y por alcaldes del PSOE, e incluso por el diario ‘El País’, tradicional aliado socialista. Rodríguez asegura que el PP va a presentar mociones en todos los ayuntamientos, incluyendo la petición de una moción de censura contra el presidente de la FEMP, Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo, que firmó el acuerdo con el Gobierno.

Además, los ‘populares’ van a votar en contra de este real decreto cuando llegue al Congreso de los Diputados para su convalidación, y presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional, como ha anunciado también ya el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Coste político

La diputada del PP no entiende la decisión del Gobierno y la achaca a un intento de tener en su poder los 15.000 millones de euros ahorrados por los ayuntamientos, el 25% de la deuda española en manos del BCE, y disponer de esos fondos libremente. «Lo pienso y no me lo explico. Sólo buscan disponer de 15.000 millones a devolver en 15 años y es absurdo porque están sufriendo un coste político tremendo», asegura.

De hecho, será difícil que el real decreto pase el corte en el Congreso por la oposición de algunos de los socios de Sánchez, como el PNV. «En la Comisión de Reconstrucción en el Congreso ya aprobamos con el voto en contra del PSOE la propuesta de solución para los ayuntamientos. Primero, permitir el uso de los remanentes en 2020 y 2021. Segundo, levantar la regla de gasto para 2020 y 2021. Y tercero, que los ayuntamientos pudieran optar a los fondos de la Unión Europea, dentro de la legalidad vigente. Pero el Gobierno ha decidido ir por libre y han tomado una medida estrambótica», explica.

El Gobierno se escuda en que es la única forma que permite la Constitución para dotar de fondos a los ayuntamientos. Sánchez se mostró este miércoles dispuesto a seguir negociando y ha resumido el real decreto en que «pasamos de la congelación de los remanentes que aprobó el PP con la Ley de Estabilidad a permitir el uso de 5.000 millones» en la norma aprobada por el PSOE. Esos 5.000 millones son los fondos que ofrece Sánchez en dos años – a devolver en 15 años a un tipo del 0,05%- a cambio de que los ayuntamientos entreguen 15.000 millones al Tesoro Público -el Estado tiene 15 años para devolverlos-.

«Pero ese dinero no va a ser para todos, sino para los que entreguen sus remanentes. Es inconstitucional y discriminatorio. Además, ese dinero será para lo que quiera el Gobierno, no los ayuntamientos. Y los usos se parecen mucho a lo que ha aprobado la Unión Europea, así que parece que el Gobierno lo que va a hacer es trasladar esos 5.000 millones de Europa a los ayuntamientos a cambio de disponer de 15.000 millones de los remanentes», explica Rodríguez.

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