Malestar en Bruselas con Sánchez por negarse ahora al peaje en las autovías que prometió a cambio de fondos UE

La decisión del presidente Sánchez de renegar de su compromiso con la Comisión Europea para instalar peajes en las autovías a partir de 2024 ha causado estupor en Bruselas, y entre los países más concienzados sobre la necesidad de que los estados más alejados de la estabilidad presupuestaria muestren mayor determinación para reducir aceleradamente el déficit público. El deseo de España de retirar los peajes del plan de recuperación, presentado con motivo de seguir recibiendo los fondos europeos sin coste que todavía le faltan -diez mil millones-, así de como acceder a créditos blandos por otros 80.000 millones, ha sido muy mal visto por los negociadores europeos, según fuentes solventes consultadas por OKDIARIO.

Medios del Ministerio de Economía aseguran que la vicepresidenta Calviño habría solicitado un plazo de un mes, hasta septiembre, para modificar algunos de los puntos del citado plan, pero está por ver que logre su objetivo, «porque la maniobra ha causado mucho enfado entre los responsables de estudiar los programas de recuperación que están obligados a presentar los estados miembros».

El cambio de posición del Gobierno de Sánchez sobre el peaje de las autovías -que había pasado desapercibido entre la opinión pública- fue aprovechado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el cara a cara mantenido con el presidente en Antena 3 durante la pasada campaña electoral, y utilizado como argumento político contra el jefe del Ejecutivo como muestra de que el Gobierno tenía la intención de castigar de nuevo a los ciudadanos no sólo con más impuestos, como ha venido haciendo hasta la fecha, sino con nuevas tasas adicionales.

La denuncia de Feijóo causó efecto en aquel debate, porque el presidente se vio en la necesidad perentoria de negar públicamente que estuviera valorando una medida de este tipo, claramente impopular, una consideración cuya falsedad quedó desvelada cuando se conocieron algunos términos del plan de recuperación enviado por el Gobierno a Bruselas, en los que se recoge con pelos y señales dicha propuesta.

La marcha atrás

Desde entonces, el Ejecutivo no ha logrado desembarazarse de este estigma, que le sigue persiguiendo, y que explica el interés de Calviño por modificar algunos puntos del programa enviado. Pero los medios consultados indican que la Comisión Europea tiene la obligación de ser ajena de las cuitas electorales o a las disputas políticas, y debe ser estricta en todo lo que se refiere a las medidas de actuación que se presentan por los Gobiernos para acceder a los fondos europeos. «Cuando aquí se envía un documento oficial, damos por hecho que está suficientemente estudiado, por lo que renegar de él causa una impresión muy negativa», indican las fuentes citadas.

Antes del debate electoral entre Feijóo y Sánchez, el asunto del peaje en las autovías había sido reconocido en una entrevista pública por el director general de Tráfico, Pere Navarro, en la que afirmó sin asomo de duda que los peajes se implantarían sin falta en 2024. Después de ser desmentido por algunos Departamentos de la Administración, entre ellos el Ministerio de Transportes, dirigido por Raquel Sánchez, se empezó a reconocer por parte del Gobierno que formaba parte de un compromiso con Bruselas. Negado en el debate por Sánchez, luego el propio presidente admitió que estaban negociando con la UE retirarlo del proyecto inicial enviado a la Comisión.

El peaje en las autopistas se ha justificado en la necesidad de que quien las usa pague por su conservación, que representa un importante gasto anual para el erario público. El mantenimiento de un kilómetro de autovía o de autopista equivale a 80.000 millones al año, según Acex -la Asociación de Empresas de Conservación y de Explotación de Infraestructuras-.  Este principio del cobro al usuario, más el de argumentos de que «quien contamina paga» fueron los empleados por el Gobierno en la motivación del establecimiento de peajes ante Bruselas.

Déficit público

La iniciativa ha contado tradicionalmente con el beneplácito de las instituciones comunitarias porque constituye una ayuda muy notable en la reducción del déficit público -una asignatura en la que España va muy atrasada-; porque se considera igualmente una medida de justicia social – ya que hay muchos ciudadanos que no conducen, y, por tanto, no usan la carretera-; y también, en último lugar, porque se trataría de un mecanismo para disuadir el tráfico rodado, ayudando a la lucha contra el llamado cambio climático, que es una de las grandes prioridades del Gobierno español, y también de la Unión Europea. 

El establecimiento de peajes en las vías rodadas ha sido tradicionalmente defendido por Aseta -la asociación de sociedades de autopistas, túneles, puentes y vías de peaje- como un sistema para descargar de gasto público el presupuesto del Estado, dado el coste anual que afronta en el mantenimiento de la red viaria. Sin embargo, y a pesar de la racionalidad económica que puede entrañar la medida -«que sufrague su coste en el que utilice las vías»-, jamás ha logrado desprenderse de un intenso aroma de impopularidad.