España y Alemania hunden su productividad tras liderar la creación de empleo público en la UE

España y Alemania son los países de la Unión Europea donde más crecido el empleo público, lo cual está teniendo unas consecuencias muy notables sobre la caída de la productividad en ambos estados, pues la jornada laboral en los distintos departamentos de la Administración tiende a ser más corta, igual que sucede en el sector servicios, donde es inferior a la media y muy por debajo de lo que suele suceder en la industria. El presidente Sánchez presume de haber creado más de un millón de ocupados a lo largo de la legislatura, pero casi la mitad son funcionarios de las distintas administraciones del Estado.

Esta situación tiene otras consecuencias negativas, ya que el hecho de que el empleo público sea de por vida, y no se pueda rescindir, salvo en circunstancias excepcionales, representa una losa sobre el sistema productivo que impide la adaptación a los ciclos de la coyuntura. «En caso de que las cosas vayan mal, no tendrás más remedio que seguir pagando la plantilla de funcionarios», asegura Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Freemarket.

Adicionalmente, una situación de este tipo tiene otros efectos colaterales negativos, pues la voracidad empleadora del Estado, y la seguridad que ofrece, disuade a los ciudadanos de tratar de ocuparse en el sector privado, que en el caso de España, como ocurre en otros países en Europa, acumula una falta de cobertura de puestos de trabajo en sectores muy concretos como la construcción, el turismo e incluso también la industria -en este caso por falta de formación- a pesar de tener una tasa de paro del 13%.

Si hay un cambio permanente de empleos al sector público desde el sector privado, eso implicaría que la productividad sería menor a corto plazo, coinciden los servicios de estudios de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo. De acuerdo con estas fuentes, la desconexión entre la fortaleza del mercado laboral y la debilidad del crecimiento económico a lo largo del segundo semestre de este año radica en una caída de la productividad de los trabajadores, lo que contribuye a una tasa de inflación media del 5,5% en la UE que sigue siendo demasiado elevada para los responsables de Fráncfort.

El ala más dura del BCE quiere evitar a toda costa el destino del Reino Unido, donde la situación del mercado laboral está provocando mayor inflación que en la eurozona, y en consecuencia promueve un mayor endurecimiento de las condiciones de financiación. La propia Christine Lagarde ha advertido de que «a menos que las empresas estén dispuestas a absorber el coste de la caída de la productividad, la política monetaria debería ser aún más restrictiva: los tipos de interés tendrán que seguir subiendo».

Aunque las últimas cifras muestran que el desempleo en la Eurozona se mantuvo en un mínimo histórico del 6,5%, que hay más puestos de trabajo y que una mayor proporción es a tiempo completo, las personas trabajan menos horas en promedio, una situación que es palmaria en el caso de España, donde adicionalmente, y producto de la reforma laboral de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha aparecido el fenómeno de los fijos discontinuos -gente que trabaja sin permanencia temporal-, lo que impide un conocimiento exacto de la realidad del mercado laboral.

En nuestro país, la contratación de funcionarios por parte de la Administración central triplica la de las comunidades autónomas, ayuntamientos y duplica la del conjunto de los sectores. Según las cifras de afiliaciones a la Seguridad Social, en los últimos doce meses -de abril a abril, último dato publicado- la plantilla de funcionarios del Gobierno se ha ampliado en 26.142 personas, casi un 7%, frente a poco más de 2% de las regiones y los consistorios. En el caso de la tasa general, la creación de empleo se ha situado ligeramente por debajo del 3%.

De esta forma, es la contratación pública que depende directamente del Gobierno de Sánchez la que más crece, añadiendo más dudas a la evolución de las cifras del paro. El Ejecutivo presume de una creación de empleo récord, mientras la oposición y los expertos subrayan el incremento de los fijos discontinuos -que no computan como parados en los periodos de inactividad- y la caída de las horas trabajadas pese a que la afiliación a la Seguridad Social ha superado los 20,8 millones.

El número de funcionarios rozaba ya los tres millones a cierre de abril, y ha crecido un 2,9% en el último año, más de 82.000. En el mismo periodo de tiempo la afiliación general ha subido en un 3%. El número de parados se ha reducido en 234.000 personas.