Y la factura del apagón la va a pagar… ¡usted!

Esta semana se ha consumado el oprobio que venía preparando la CNMC como les avisó OKDIARIO: no ha señalado ningún culpable del apagón del pasado 28 de abril, con lo que deja sin el principal argumento a las demandas de los afectados. Pero es que, además, el organismo que preside Cani Fernández ha ido más allá y ha propuesto que los consumidores paguen los costes ocasionados por el cero eléctrico. ¡Nos dejan sin luz y encima pretenden que paguemos más por ello!

Este disparate deja, una vez más, a España a la altura de un país bananero y demuestra que tenemos un sistema eléctrico muy deficiente cuyos problemas los pagamos siempre los mismos. Más allá, evidencia cuál es la prioridad de quienes lo gestionan: no asumir ninguna responsabilidad.

Algo que recuerda a la URSS con el accidente de Chernóbil, donde la prioridad de todo el mundo era encontrar a alguien a quien echarle la culpa, como se refleja en la serie de HBO. O, como se cuenta en otra magnífica serie, Slow Horses de Apple TV, se aplica «la regla de Londres»: cover your arse (busquen ustedes la traducción).

Red Eléctrica es la culpable

Como se ha puesto de manifiesto en todos los análisis publicados y les hemos venido contando aquí, Red Eléctrica es la principal responsable del apagón, porque su competencia por ley es garantizar la seguridad del suministro. Puede echar la culpa, como ha hecho, a que fallaron algunas instalaciones de las empresas eléctricas o decir que cumplió los protocolos anticuados a insuficientes de la CNMC, el regulador del sector. Y quizá sea verdad, pero eso no quita que Red Eléctrica incumplió su mandato legal porque no tomó las medidas necesarias para garantizar el suministro. Punto final.

Por tanto, la empresa que preside la ex ministra socialista Beatriz Corredor debe asumir la responsabilidad del apagón y, con ella, los costes derivados de la misma. Incluyendo las demandas de los afectados que perdieron miles de millones ese día. Luego, si quiere, que actúe en los tribunales contra quien considere que falló. Pero, de momento, que pague.

Además, no nos engañemos, todos sabemos -y así se refleja en los diferentes informes, incluyendo el del panel europeo de Entso-e- que la red se encontraba aquel día en una situación de máxima vulnerabilidad por el empeño del Gobierno (ejecutado sin rechistar por Red Eléctrica) de meter un exceso de energía renovable en el sistema.

El propio gestor de la red lo reconoce implícitamente al aplicar después del apagón el llamado «método reforzado» y las «restricciones técnicas» intradiarias para evitar más apagones, lo que implica que antes no se tomaban y que por eso la red era inestable. Medidas que, por cierto, también nos están costando un pico: unos 36 euros más al año en la factura de la luz a cada consumidor. Finalmente, Red Eléctrica ignoró olímpicamente los incidentes de los días previos al fatídico 28 de abril que ya avisaban de lo que iba a pasar.

La CNMC, de vergüenza

La CNMC también tiene lo suyo. ¿Por qué ha dejado tirados a los afectados cuando su obligación debería ser protegerlos? Pues porque el propio organismo saldría salpicado por no haber revisado desde hace décadas esos procedimientos operativos que Red Eléctrica jura y perjura haber cumplido, pese al aumento de la demanda y de la producción renovable, y pese a la saturación de la red.

Es decir, si hacía el informe señalando culpables, tendría que haber asumido su cuota de responsabilidad. Y nadie se culpa a sí mismo, en España todo el mundo lo hace bien, como Adif con el mantenimiento de las vías. Y, claro, si no señala ningún responsable, nadie paga la factura. Así que, ¡que la paguen los consumidores y asunto arreglao!

Total, si ya pagamos un montón de cosas en el recibo que no tienen nada que ver con la luz que consumimos ni con su precio: el término fijo de potencia (lo que pagamos por tener electricidad antes de encender ningún interruptor), el alquiler del contador, y los llamados costes y peajes: las primas a las renovables de Zapatero y Rajoy que seguimos pagando, el déficit de tarifa acumulado durante años (porque costaba más producir la electricidad de lo que se pagaba por ella) o la insularidad (que los habitantes de las islas paguen el mismo precio que los de la península), además del coste de llevar la luz hasta las casas.

Pues hala, otro sobrecoste más en el recibo, que lo aguanta todo. Se estima un importe de entre 34,3 y 51,6 millones (el coste corresponde al levantamiento de las centrales tras la caída total, llamado coste de reposición del suministro). Eso sí, la CNMC propone que nos prorratee graciosamente en 12 meses para que se note menos. Qué vergüenza.