Pedraz lleva a juicio a la cúpula de la trama de hidrocarburos que lidera Claudio Rivas por un fraude de 148 millones

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el pase a procedimiento abreviado del denominado caso Gaslow y propone sentar en el banquillo a 16 personas por una presunta trama de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos que habría causado un perjuicio de más de 148 millones de euros a Hacienda entre 2018 y 2021. Entre los principales investigados figura el empresario Claudio Rivas, al que el magistrado atribuye delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La resolución judicial describe una compleja estructura empresarial diseñada para aprovechar el impago del IVA como ventaja competitiva. Según el instructor, la organización utilizaba sociedades instrumentales para introducir combustible en una cadena de comercialización artificial y evitar el ingreso del impuesto, lo que le permitía vender carburantes a precios inferiores a los del mercado y aumentar sus ventas.

Pedraz sostiene que la organización estaba dividida en varios grupos dirigidos por distintos responsables, aunque las piezas clave del entramado eran las operadoras Gaslow Abastecimientos y Nascor Energías, desde donde se articulaba el esquema defraudatorio. Entre los líderes de los distintos grupos identifica a Antonio Rodríguez Estepa, Javier García Pérez y Claudio Rivas.

Más de 148 millones defraudados

El auto detalla que la cuota presuntamente defraudada ascendió a 6,24 millones de euros en 2018 y a 30,09 millones en 2019. El mayor golpe a las arcas públicas se produjo en 2020, cuando las operadoras Gaslow y Nascor habrían dejado de ingresar 111,8 millones de euros en concepto de IVA. En total, la cifra supera los 148 millones de euros.

Según la investigación, el mecanismo consistía en simular ventas dentro de depósitos fiscales exentos de IVA para trasladar artificialmente la obligación tributaria a sociedades interpuestas que posteriormente no ingresaban el impuesto. Ese 21% no abonado a Hacienda era utilizado como margen comercial para ofrecer combustible más barato que la competencia.

El juez considera acreditada además una operativa de blanqueo de capitales por valor de 59,69 millones de euros. Parte de esos fondos habrían sido desviados mediante sociedades pantalla, inversiones inmobiliarias, adquisiciones de vehículos de alta gama, movimientos internacionales de dinero y operaciones con criptomonedas.

En el caso concreto de Claudio Rivas, el magistrado le atribuye el liderazgo de un grupo que controló Gaslow desde mediados de 2020 junto a Jesús de Gregorio, Emilio Carrillo y Manuel Salles, además de dominar las sociedades Keep It Save y Bludger Combustibles, utilizadas presuntamente dentro del entramado fraudulento.

El capitán de la UCO acusado

Uno de los aspectos más llamativos del procedimiento es la implicación del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, destinado durante años en el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO). El magistrado propone juzgarle por integración en organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales.

Según el auto, el mando policial habría mantenido una colaboración continuada con miembros de la trama, facilitándoles información reservada sobre investigaciones policiales y futuras actuaciones judiciales. El juez sostiene que varios investigados conocieron con antelación registros y detenciones previstas en julio de 2021, lo que les permitió ocultar dinero y destruir pruebas.

La resolución recoge además supuestos pagos, regalos y favores recibidos por el agente. Entre ellos figura una televisión adquirida por una empresa vinculada a la trama, transferencias de dinero procedentes de sociedades investigadas y operaciones con criptomonedas que, según el juez, buscaban ocultar el origen de los fondos.

Pedraz destaca igualmente que el patrimonio de Sánchez Yepes pasó de 251.587 euros en 2018 a 590.300 euros en 2022, un incremento del 134% en apenas cuatro años.

Tras este auto, la Fiscalía y las acusaciones disponen ahora de diez días para solicitar la apertura de juicio oral o, en su caso, el sobreseimiento de la causa. El magistrado también propone declarar responsables civiles a más de 80 sociedades que, según la investigación, habrían sido utilizadas para ejecutar o blanquear los beneficios obtenidos mediante el fraude.