Las empresas que operan en Cataluña celebran la estabilidad del 155: «cobramos en tiempo y forma»

Las empresas que operan en Cataluña y sus proveedores que trabajan fuera de esta comunidad autónoma han visto como sus negocios han experimentado un giro de 180 grados gracias a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en lo que a seguridad jurídica se refiere.

Tanto las que desarrollan su labor estrictamente en el sector privado como las que trabajan con las Administraciones Públicas celebran la estabilidad actual y confían en que dure más allá de las elecciones del 21-D.

«Estamos muy satisfechos por cómo se han desarrollado los acontecimientos en Cataluña tras la intervención del Gobierno. La mesura con la que se está aplicando el 155, limitándose a garantizar el cumplimiento de los contratos y el abono de las facturas, ha alejado muchos temores a trabajar en Cataluña. Ahora hay seguridad jurídica y cobramos en tiempo y forma», indican a OKDIARIO fuentes de la patronal catalana.

De hecho, las firmas de servicios profesionales que realizan labor de consultoría para las grandes empresas (las denominadas Big Four) están constatando como, poco a poco, las aguas parecen volver a su cauce tras el terremoto provocado por el golpe de Estado de la Generalitat (hoy bajo la intervención gubernamental).

Bajo la tutela del ministerio de Hacienda se están comenzando a abrir nuevos concursos y licitaciones con el sector público catalán, un elemento que se suma a la tranquilidad que supone para las empresas saber que no van a ser extorsionadas por la Agencia Tributaria Catalana que impulsó el ahora convicto Oriol Junqueras.

Además, los proveedores de empresas catalanas comienzan a recuperar parcialmente la actividad que se había perdido por las dificultades para cobrar. Tal como avanzó en exclusiva OKDIARIO, las empresas catalanas que compran bienes y servicios al resto de España sufren una restricción crediticia superior a la registrada en los peores momentos de la crisis financiera de 2008. Sus clientes les están exigiendo que abonen todas las facturas al contado sin permitirles ningún tipo de aplazamiento, debido a la inseguridad jurídica que existe en Cataluña.

La economía catalana importa del resto de España cada año bienes y servicios por valor de 21.300 millones de euros y una buena parte de esta cantidad corresponde a compras que realizan las empresas para poder llevar a cabo su actividad y cuyo pago puede aplazarse –previo acuerdo entre las partes– de 30 a 60 días. Es lo que se denomina un crédito comercial que da el vendedor al comprador.

Sin embargo, en el caso de las compañías catalanas este crédito comercial se cortó tras el referéndum ilegal del pasado uno de octubre y el posterior pulso de Puigdemont con el Gobierno. Esto provocó un estrangulamento financiero en el sector privado catalán que ha obligado a los empresarios a acudir en masa a las entidades bancarias para que les amplíen sus líneas de crédito y así poder hacer frente a los abonos. Esta situación ahora se está revirtiendo tras la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna.

No obstante, existen muchas grandes empresas que todavía no están tranquilas porque la Fiscalía Anticorrupción está investigando contratos públicos en Cataluña por valor de 500 millones de euros para comprobar si tienen relación con el intento de creación del Estado catalán. Grandes compañías del Ibex, tecnológicas y consultoras pueden ser acusadas de sedición, malversación y desobediencia por haber participado en el golpe de Estado de Puigdemont, Junqueras y sus socios de la CUP.

Una vez que se despejen las incógnitas sobre las empresas que han podido cometer los citados delitos y pasen las elecciones autonómicas catalanas comenzará el gran reto: manejar un polvorín institucional en el que las fuerzas independentistas seguirán teniendo una importante representación en el Parlamento regional. Entonces volverá a ponerse en tela de juicio la estabilidad económica y volverá a peligrar la seguridad jurídica si el Gobierno pone punto final a la intervención.

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha anunciado ya que incluirá en su programa electoral incentivos fiscales para que regresen a Cataluña algunas de las más de 2.700 empresas que se han marchado huyendo de la deriva secesionista. Esta petición responde a la petición del presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà, que ha reclamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que adoptara incentivar el regreso de compañías a Cataluña con un «plan de choque».

Ninguna de las encuestas da posibilidades reales al PP de lograr un buen resultado en la cita electoral, pero el anuncio de Albiol es un adelanto de un plan que aprobará el Gobierno tarde o temprano para intentar que el tejido productivo catalán recupere una parte de la potencia perdida por la locura independentista. En la medida es que se consiga restablecer la confianza la economía de la comunidad autónoma podrá volver a crecer y reducirá el impacto de la desaceleración que sufrirá el Producto Interior Bruto (PIB) nacional en 2018.