España es el único país de la UE que aplica el gravamen

Los empresarios vuelven a pedir una moratoria del impuesto al plástico tras la negativa de Hacienda

Los empresarios vuelven a pedir una moratoria del impuesto al plástico tras la negativa de Hacienda
Íñigo Fernández de Mesa

Los empresarios reclamaron ayer de nuevo al Gobierno eliminar o como mínimo instaurar una moratoria en el nuevo impuesto relativo a los plásticos de un solo uso, dadas las negativas consecuencias económicas que ocasionará y los mayores costes que generará, todo ello en un momento de crisis en el que la actividad económica va camino del estancamiento y la inflación sigue elevada. El Ministerio de Hacienda llegó a plantearse un aplazamiento de su entrada en vigor, pero lo descartó a finales de año.

El uso de los plásticos es básico para la venta de alimentos elaborados y otro tipo de productos, de manera que el gravamen aprobado por el Gobierno a finales del año pasado representa un tropiezo en el desarrollo del comercio, ya atrapado por múltiples regulaciones que le restan eficiencia, según denunció ayer el Instituto de Estudios Económicos, el think tank de la patronal CEOE.

El Gobierno de Pedro Sánchez estrenó el pasado 1 de enero de 2023 este nuevo impuesto que gravará a aquellos productos que se presenten en el mercado en un envase de plástico no reutilizable. Alimentos como la leche o el aceite, que acaban de ver reducido su precio tras la supresión o rebaja del IVA anunciado por el Ejecutivo de coalición. El nuevo impuesto alcanzará los 45 céntimos por kilo de plástico y terminará repercutiendo en el precio al consumidor de estos productos: las previsiones del sector apuntan que la subida de precios que provocará en ellos será mayor que la bajada proyectada en la rebaja del IVA.

España es el único país de toda la Unión Europea que apuesta por este nuevo gravamen y espera recaudar entre 500 y 700 millones extra con esta medida, que ha puesto en pie de guerra a los productores. Otros estados lo han valorado y han decidido retirarlo o ´congelarlo´. En España sigue adelante a pesar de que muchas asociaciones de consumidores y productores han solicitado su aplazamiento. Italia tenía previsto implantarlo también, pero se ha pospuesto sine die por decisión del Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni.

De acuerdo con el informe presentado ayer por el IEE, el impacto de los costes de los envases y de la normativa medioambiental en las cuentas de resultados de las empresas asciende a 3.900 millones, que bien podrían ser ahorrados con una mejor regulación y mayor calidad institucional. Adicionalmente, y según una encuesta realizada entre expertos, el impuesto a los envases de plásticos no reutilizables, junto al coste de determinados envases de plástico de un sólo uso son los que más impacto tienen en los resultados del sector comercial, perjudicando el normal desenvolvimiento de las compañías.

La decisión del Gobierno de establecer el impuesto sobre el plástico, siguiendo con una estrategia presidida por la agresividad fiscal medioambiental, suscita el rechazo contundente del PP. Su vicesecretario de Economía, Juan Bravo -hombre de confianza del presidente Feijóo- ha pedido a Sánchez eliminarlo de manera inmediata, al ser el único gravamen de este tipo en Europa después de que Italia retirara el suyo. Bravo acusó al Ejecutivo de utilizar esta carga fiscal para pagar la rebaja del IVA, ya que invertirá 661 millones de euros en el plan anticrisis y recaudará 690 millones con la tasa, según los cálculos de la formación política.

A su juicio, por un lado el Gobierno rebaja la cesta de la compra, pero se lo cobra «por otro lado» con esa medida fiscal sobre los envases de plástico no reutilizables recién estrenada. El PP sólo piensa votar en favor del decreto-ley si se le añaden enmiendas sobre asuntos distintos, algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones y ha imposibilitado el apoyo del partido a medidas económicas sobre las que en principio estaba de acuerdo. Feijóo lleva tiempo solicitando que la rebaja del IVA se aplique a la carne y al pescado, que también son productos de consumo básico, como por otra parte reconocen las organizaciones que se dedican como fin primordial a elaborar los índices de desigualdad y de pobreza en España.

 

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