La diarrea legislativa española produjo 900.000 páginas de normas a pesar del bloqueo político

El Estado y las comunidades autónomas españolas han elevado un año más su producción normativa a pesar del bloqueo institucional del pasado ejercicio que concluyó con la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno a finales de octubre de 2016. En concreto, las nuevas regulaciones publicadas en los boletines oficiales sumaron casi un 900.000 paginas, según datos recopilados por la patronal CEOE.

Esta diarrea legislativa se concreta en 171.905 páginas en el BOE estatal y 723.915 en los autonómicos, sumando un total de 895.820 páginas destinadas a incrementar las regulaciones sobre la vida de las personas y las empresas. Se trata de un valor inferior en sólo 100.000 páginas al contabilizado en 2015, un año en el que el Ejecutivo estuvo a pleno rendimiento y no en funciones, como en 2016.

El informe de la CEOE recoge que entre 1970 y 2016 se aprobaron un total de 41.336 normas estatales y que, desde 2013, se produjeron más de mil en la comunidades autónomas.

CEOE plantea una serie de propuestas concretas de mejora legislativa. Entre ellas: solicitar que el INE recabe los datos sobre empresas que ya tiene de forma directa, en lugar de volver imponer la obligación a las empresas, lo que causa perdida de tiempo y dinero, además de poder incurrir en que las sancionen. Pide también la creación de la carpeta del empresario que facilitaría la tramitación del conjunto de procedimientos entre empresas y administraciones públicas.

Los empresarios también reclaman la ampliación de la operativa del sistema de remisión electrónica de documentos-red; la tramitación electrónica de las solicitudes de exención del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos y la simplificación del Impuesto de Sociedades.

Finalmente, desde CEOE se insiste en sustituir el libro de subcontratación por un modelo de libro electrónico; la tramitación electrónica del procedimiento de la inspección de trabajo o simplificar la tramitación de la solicitud y renovación de certificados electrónicos.

Y es que la maraña burocrática es un problema para la competitividad española, según señala la Asociación Nacional de Grandes Distribuidores (Anged), que califica la elevada regulación como el “talón de Aquiles” de la economía nacional.

Uno de los organismos de referencia en este materia, el IMD World Competitiveness Center elabora un ránking sobre las economías más dinámicas y, aunque España gana tres posiciones respecto al año anterior, situándose en el puesto número 34, en el apartado de “calidad de Gobierno” España cae seis posiciones, hasta el 49.

Los investigadores del IMD señalan que uno de los principales “desafíos” de España es “reducir el exceso de regulación”. De hecho, en capítulos como el marco institucional, la política fiscal o la facilidad para hacer negocios “España sale comparativamente mal posicionada”, tal como recuerda Anged.

Este diagnóstico coincide con el realizado por la consultora EY en un informe sobre perspectivas empresariales, que indica que esta diarrea legislativa supone un cuello de botella que frena la inversión. El informe recuerda que el exceso de regulación, los cambios permanentes, la falta de eficiencia y agilidad en los procedimientos administrativos o la inseguridad jurídica suponen una preocupación para el 60% de las empresas.

La fiscalidad es otra de las materias que protagonizan esta expansión normativa. En su estudio sobre el panorama tributario autonómico y foral, el REAF destaca que los gobiernos regionales cuentan con 79 impuestos propios y varios más en proyecto. Y no se trata sólo de un problema cuantitativo, sino cualitativo, ya que a la profusión normativa se une la “descoordinación y la disparidad de criterios a la hora de legislar”.

Incluso la Comisión Europea, que es una de las maquinarias burocráticas por excelencia, ha criticado a España por fomentar la fragmentación del mercado nacional mediante la citada profusión de normativas autonómicas.

Las autoridades comunitarias ponen el acento en la necesidad de preservar la unidad de mercado para que las empresas puedan adoptar sus decisiones de inversión sin trabas innecesarias que, lejos de garantizar la seguridad jurídica, la cercenan sin permitir a las compañías “sacar provecho de las economías de escala”, en palabras de la propia Comisión.