El desastre de las desaladoras de Ribera: perderán 500 millones en dos años, más que Adif

La empresa pública que gestiona las desaladoras que impulsó el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, Acuamed, se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La falta de ingresos por la imposibilidad de subir el precio del agua desalada a los regantes para hacer frente al incremento de los costes de la energía de las desaladoras va a provocar que Acuamed pierda 247 millones de este año y otros 250 millones en 2023, según la previsión incluida por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año.

En total, la previsión del Gobierno es perder 500 millones de euros en estos dos años, cifra superior a los números rojos que tendrá Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias, que suele ser la empresa pública con mayores pérdidas -registrará algo más de 400 millones, según la previsión del Gobierno-.

Esta situación ha obligado al Gobierno a realizar una inyección histórica de fondos en la empresa. El Ejecutivo va a destinar 613 millones de euros de dinero público el año próximo a Acuamed, una cifra superior a la que va a inyectar por ejemplo en RTVE o en la propia Adif-Alta Velocidad. El presupuesto de obras para 2023 es de 45 millones de euros, por lo que los fondos irán destinados a enjuagar las pérdidas.

Se trata de una aportación y una cantidad extraordinaria, tapada por el gasto del Gobierno en otras empresas más mediáticas, pero que encierra una doble gravedad. Primero, porque las desaladoras que ahora necesitan 613 millones de euros públicos fueron la respuesta de Zapatero y del PSOE al trasvase del Ebro del PP. Fue el gran debate nacional en la etapa de Gobierno de José María Aznar, y Zapatero lo canceló cuando llegó al poder para inundar el levante español de desaladoras y acabar con el problema del agua en la zona «en cuatro años», dijo en 2008.

La realidad se ve ahora. Las desaladoras no generan la cantidad de agua desalada que se prometió, no se ha acabado con la sequía -en estos momentos hay restricciones para el regadío en Andalucía- y, además, la empresa que las gestiona está -estaba- en riesgo de quiebra por el incremento de los costes de la luz -debe 95 millones a Acciona- y la decisión política de no subir el precio del agua desalada a los regantes para elevar los ingresos y paliar la subida de la electricidad de las plantas desaladoras. El precio del agua desalada está subvencionado y aumentarlo supondría abrir un conflicto social con los regantes a unos meses de las elecciones.

¿Europa?

En segundo lugar, está el problema de Europa. Dar estos fondos públicos a Acuamed cuando se está ‘regalando’ el agua desalada a los empresarios regantes podría generar dudas sobre la ilegalidad de estos fondos por considerarse ayudas de Estado. Así ha sido al menos durante épocas anteriores, en las que Bruselas estaba muy encima de los gobiernos e imponía sanciones por ayudas como éstas.