Colau carga contra Entrecanales: exige a Puigdemont que expropie a Acciona la concesionaria ATLL

Acciona no podrá conservar la concesión de la empresa catalana Aigües ter Llobregat (ATLL) por mucho tiempo, especialmente después de que el Ayuntamiento de Barcelona se haya sumado a la ofensiva de la Generalitat para expropiar la compañía al grupo que preside José Manuel Entrecanales.

La Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad municipal ha instado al Parlamento regional a que nacionalice ATLL en virtud de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que han determinado la ilegalidad de la privatización, así como por las irregularidades detectadas por la Oficina Antifraude. Según la investigación, que ya está en manos de la Fiscalía Superior de Cataluña y de la Agencia Tributaria, la Generalitat “desvió” de forma irregular a Acciona hasta 12 millones de euros a través de ATLL.

El objetivo que persigue Ada Colau es “recuperar de forma inmediata todo lo referente a la gestión de ATLL para crear una empresa pública que esté integrada en la Agencia Catalana del Agua de manera transitoria”. Además, quiere que la Generalitat “cree un reglamento que contemple los espacios necesarios de participación ciudadana que faciliten los mecanismos imprescindibles de transparencia, control municipal y control ciudadano”, según indica el texto aprobado al que ha tenido acceso OKDIARIO.

La proposición del Ayuntamiento de Barcelona se produce tras la moción parlamentaria aprobada por el partido del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, Junts pel Sí, y la CUP. Si se confirma la expropiación las cuentas de Acciona van a sufrir un impacto de 360 millones de euros, resultado de sumar los 300 millones adelantados por la compañía de los Entrecanales cuando se produjo la privatización a los 60 millones de euros destinados a cubrir la salida de capital de su socio brasileño BTG Pactual, acosado por la corrupción en el país latinoamericano.

La situación puede suponer algo más que un perjuicio económico para Acciona, ya que la Oficina Antifraude indica que Acciona ha podido infringir el artículo 290 del Código Penal, que establece que “los administradores (…) que falsearen en las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses”.

El informe de Antifraude puede ser el paso definitivo para volver a nacionalizar ATLL, tras la multa de 4 millones de euros impuesta por la Generalitat, un objetivo que persigue Junts Pel Sí y la CUP desde que se celebraron las elecciones en Cataluña.

La compañía protagonizó en 2013 la mayor privatización realizada por la Generalitat de la mano de Artur Mas. El ex presidente de la Generalitat se implicó personalmente en que saliera adelante la operación, respaldando políticamente el mantenimiento del banco brasileño en el capital del consorcio y garantizando sus ingresos mediante subidas del precio del agua.

La importancia de ATLL para Acciona

En el presente ejercicio de 2016, Acciona ya ha consolidado en su grupo las cuentas de la concesionaria, tras comprar el 37% que estaba en manos de la brasileña BTG Pactual y alcanzar el 80% del capital. La consolidación ha tenido un importante impacto en su balance y cuenta de resultados, con un incremento del 17,4% en el beneficio del primer trimestre, gracias a la consolidación de ATLL.

De hecho, los negocios de Acciona relacionados con la construcción, la energía o el inmobiliario retroceden durante el primer trimestre y sólo crece el negocio del agua gracias a la aportación de ATLL. Por lo que si finalmente el Supremo anula la concesión, el impacto en las cuentas de Acciona sería notable.

Este no es el único frente que tiene abierto Acciona en materia legal, ya que el Gobierno de Perú ha impuesto una sanción al grupo de la familia Entrecanales por la que inhabilita a la filial de la empresa española en el país para firmar contratos con el Estado durante un plazo de 37 meses, por haber falsificado documentación en una licitación pública.