Blackstone, Avintia y Tectum se rebelan contra el intervencionismo en el alquiler de Iglesias

Fondos, constructoras y promotoras se han levantando en contra de la propuesta de Unidas de Podemos de intervenir el mercado inmobiliario a través de la futura Ley de Vivienda. La formación de Pablo Iglesias pretende que la norma incluya el control del precio de los alquileres en las zonas tensionadas, que los grandes tenedores dediquen el 30% de sus viviendas a alquiler social, o reducir de diez a cinco o más el número de viviendas requeridas para ser considerado un gran propietario. Ninguna de estas propuestas han gustado al sector. Todo lo contrario. Advierten de que causarán efectos muy perniciosos en el mercado inmobiliario.

El fondo estadounidense Blackstone fue el primero en responder a Pablo Iglesias y recordarle que el alquiler social es responsabilidad pública. «Es responsabilidad 100% de la Administración pública», decía Eduard Mendiluce, consejero delegado de Aliseda Inmobiliaria y Anticipa Real Estate, tras conocer la propuesta de Podemos. El gestor inmobiliario dejaba claro que solo en el ámbito del alquiler asequible -precios un 30% o 35% por debajo del mercado- estaban dispuestos a llegar acuerdos de colaboración público-privada. Mendiluce también apostaba porque el Gobierno activara medidas fiscales para incentivar el alquiler por debajo del mercado. Como ejemplo citaba la «reducción plena del IRPF y la exención plena del IBI».

Desde la promotora Tectum, especializada en alquiler asequible, también se han posicionado en contra de las propuestas de Podemos. Han sido especialmente críticos con la posibilidad de que los grandes tenedores tengan que ceder el 30% de sus viviendas a alquiler social. Rechazan la propuesta con el mismo argumento que el de Blackstone. Eso es responsabilidad del sector público.

«Lo que pretenden no es razonable. Quieren delegar en el sector privado sus propias responsabilidades y obligaciones, pero es el Estado es el que tiene que ejecutar vivienda social. Están ocultando su propia responsabilidad. Además, una intervención de ese tipo se traducirá en menos oferta y precios más altos. No compartimos este tipo de declaraciones -que tienen más contenido político que otra cosa», explica su CEO, Andrés Horcajada. Las pretensiones del Gobierno no frenan los planes de Tectum de levantar al menos 800 viviendas de alquiler asequible en 2021 en la Comunidad de Madrid. La firma ya ha comprado terrenos en Villaverde, en Rivas Vaciamadrid y en la capital.

La constructora Avintia también ha alzado la voz para criticar las propuestas de Podemos, en este caso se ha mostrado contraria a intervenir el precio del alquiler en las zonas tensionadas. “Estamos absolutamente en contra de la regular el precio del alquiler. Hay hechos contrastados de que no funciona. El ejemplo es Berlín, donde la oferta se contrae y además se produce un mercado negro donde se alquila con precios superiores. Creo en una regulación libre del mercado»,  decía Roberto Campos, director general de Avintia.

En Alemania, el Gobierno Federal aprobó en 2015 una Ley que limitaba la subida de los nuevos alquileres al 10% del precio medio de la zona. Sin embargo, lejos de rebajar los precios, consiguió el efecto contrario: entre 2016 y 2017 los alquileres se dispararon un 20,5%, según la consultora Knight Frank. Además, muchos propietarios consiguieron eludir los controles y siguieron aumentando las rentas de los inmuebles.

Ábalos se reúne con los fondos

En plena polémica por el contenido de la futura Ley de Vivienda -que se ha convertido en un nuevo foco de tensión entre PSOE y Podemos-, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha iniciado una ronda de negociaciones con los grandes fondos y los propietarias de vivienda. El objetivo es conseguir que fondos y propietarios cedan viviendas al parque de alquiler social.

Desde el Ministerio señalan que los contactos con los fondos son «habituales», como con el resto de actores en el ámbito de la vivienda, y que «se está explorando cómo se pueden establecer mecanismos de colaboración publico-privada para poder garantizar vivienda social y asequible». Según fuentes del sector, Ábalos está «lanzando propuestas de forma constructiva» y los grandes fondos están abiertos a escucharlas para evitar que prosperen las de Unidas Podemos, entre ellas la de ceder a la administración por ley el 30% de su parque. La propuesta la lanzó hace unos días Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030.

Podemos aumentar el parque público de viviendas en alquiler social en 140.000 o 150.000 inmuebles con un pequeño esfuerzo de los grandes propietarios.

Todos y todas tenemos que arrimar el hombro para garantizar el derecho a la vivienda, especialmente quienes hacen negocio con él pic.twitter.com/xe40PmG6ng

— Ione Belarra (@ionebelarra) February 2, 2021

La idea -explican- es que estos grandes propietarios «también asuman un papel importante en la solución a los problemas de vivienda, cumpliendo con la función social que les corresponde y deben asumir».