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Los bancos reducen a la mitad los créditos a altos cargos en medio de la crisis reputacional del sector

Banco de España
La sede del Banco de España.

En 2018 el Banco de España tuvo que supervisar apenas 31 operaciones de crédito a altos cargos bancarios, un número que supone la mitad que los 68 créditos a altos directivos de los que el supervisor dio su beneplácito en 2016.

La crisis reputacional que vive la banca desde el estallido de la recesión financiera y económica en 2007 ha traído consigo muchos cambios en la gobernanza de las entidades, así como en el control que los reguladores hacen de ellos. Los propios bancos españoles están variando algunos de sus hábitos y acabando con algunas de las prácticas más polémicas, como son los créditos en condiciones ventajosas a los altos cargos. En 2018 el Banco de España tuvo que supervisar apenas 31 operaciones de crédito a altos cargos bancarios, un número inferior a las 44 operaciones de crédito que se hicieron en 2017 y que supone la mitad que los 68 créditos a altos directivos de los que el supervisor dio su beneplácito en 2016.

Los créditos a altos cargos, casi siempre en condiciones ventajosas, protagonizaron algunos de los principales escándalos de las entidades financieras durante los años previos a la crisis. Por ejemplo, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) concedió entre 2004 y 2010 más de 160 millones de euros en créditos a sus consejeros, algunos de los cuales llegaron a ser créditos al 0% de interés con los que la entidad perdía dinero teniendo en cuenta la inflación. En aquellos años, solían ser las comunidades autónomas quienes daban la autorización para estos préstamos a precio fuera de mercado, como la Generalitat Valenciana a través de su ley de cajas.

La caja alicantina, no obstante, no fue la única. Otras entidades como Bankia o Novagalicia, también rescatadas, también concedieron créditos ventajosos a sus altos cargos, una práctica totalmente generalizada en el sector.

Sin embargo, la mala situación reputacional del sector bancario, que preocupa a las entidades reunidas en la patronal AEB, ha llevado a los bancos españoles a controlar mucho más la concesión de créditos a sus propios directivos, y al propio Banco de España a vigilar estas prácticas y tener que dar autorización para muchas de ellas.

Lo notifican por obligación 

La reducción a la mitad de las operaciones de crédito a directivos bancarios viene registrada en la Memoria de Supervisión Bancaria del Banco de España, que por cuarto año consecutivo facilita el número de préstamos y refinanciaciones a altos cargos que han ido realizando las entidades españolas. Desde el año 2014, es el Banco de España el que tiene que supervisar tanto la idoneidad de los nombramientos como los propios préstamos que se conceden a los directivos.

Fue precisamente en 2014, en base al artículo 26.55 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito cuando se empezó a obligar a las entidades de crédito a solicitar autorización para la concesión de créditos, avales o garantías a favor de miembros de su consejo de administración, directores generales o asimilados.

Prioridades supervisoras

Tal y como ha comentado la subgobernadora del BdE, Margarita Delgado, en la propia memoria, las prioridades regulatorias del supervisor para 2019 son tres: "En primer lugar, el seguimiento del riesgo de crédito. Las entidades deben continuar reduciendo los volúmenes de activos deteriorados de sus balances y adoptar una política de provisiones de dudosos acorde con el riesgo asumido. Por otro lado, queremos evaluar las políticas de concesión de crédito de las entidades. Es necesario asegurar que, en la búsqueda de rentabilidad, las entidades no incurren en una relajación de los criterios de concesión de créditos".

Por otra parte, Delgado también indicó que "es vital poner el foco en la gestión de los riesgos de los bancos, dado que este es un elemento clave para la generación de resultados recurrentes y para la creación de valor".

Por último, la entidad supervisora también dará prioridad a "evaluar la conducta de las entidades de crédito frente al cliente bancario".

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