Sector gasista

Arturo Gonzalo (Enagás) solicita a la CNMC un margen de rentabilidad para el sector gasista del 6% al 7%

Para los futuros activos de gases renovables e hidrógeno estima necesario un incentivo mayor, de entre el 7,5% y el 8%

Enagás,
El CEO de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri.

Arturo Gonzalo, el consejero delegado de Enagás, considera que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debería garantizar un marco regulatorio para el siguiente periodo 2027-2032 que asegure una rentabilidad razonable después de impuestos de entre el 6,5% y el 7% para las actividades gasistas. Estas declaraciones han tenido lugar, en una conferencia con analistas para presentar los resultados del grupo del primer semestre del año, Gonzalo indicó que esta tasa estaría «en línea con otros operadores europeos» y permitiría al sector gasista «seguir contribuyendo de forma esencial a la seguridad de suministro y la descarbonización».

En concreto, hay que tener en cuenta que el pasado 4 de julio, la CNMC sometió a consulta pública la metodología de la tasa de retribución financiera (TRF) de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y regasificación, transporte y distribución de gas natural.

De esta forma, el Grupo Enagás calcula que, a pesar de que la CNMC no ha hecho pública aún esa tasa de retribución financiera para las actividades gasistas, la tasa resultante de aplicar esta metodología de cálculo sería de aproximadamente del 6,4%, que, estando «muy próxima», no alcanza la base mínima que Enagás estableció en sus proyecciones financieras a partir de 2027″, ha considerado González.

Como consecuencia de ello, Gonzalo ha asegurado que, para que las infraestructuras gasistas sigan siendo una garantía de la seguridad energética, es «clave que la regulación para el próximo periodo contemple, además de la tasa de retribución financiera, otros componentes como la actualización de los costes y los incentivos a la continuidad del suministro y sostenibilidad de las infraestructuras».

De esta forma, Enagás enviará sus comentarios y alegaciones a la propuesta del organismo presidido por Cani Fernández, en los que subrayará que la metodología aplicable a los distintos parámetros de la tasa para activos existentes «debe ser común, tanto para el gas como para la electricidad, y que no se justifica ningún factor corrector sobre el coste de la deuda en el sistema gasista». A este respecto, Gonzalo subrayó que estos activos «se tienen que refinanciar en los mercados de capital con costes similares».

Activos futuros de gases renovables

Respecto a los activos futuros de gases renovables, el consejero delegado de Enagás ha considerado que ese incentivo deberá ser todavía mayor, con una tasa de retribución de entre el 7,5% y el 8%.

«Tenemos que pensar que otros elementos de retribución que existen para el sistema gasista y que permiten incrementar la rentabilidad total post-tax al entorno del 6,5-7% no existirán en los nuevos activos de los gases renovables y, en particular, del hidrógeno verde. Por tanto, necesitamos un TRF con un diferencial que nos sitúe en ese entorno», dijo.

Los litigios con Perú de Enagás

Por otro lado, respecto al conflicto con Perú por el Gasoducto Sur Peruano (GSP) y Transportadora de Gas del Perú (TGP), después de que Ciadi diera en mayo por segunda vez la razón a Enagás, Gonzalo afirmó que la compañía «mantiene abierta la disponibilidad de conversar y negociar» con el Gobierno del país sudamericano.

No obstante, desde Enagás se considera que Perú ha preferido seguir impulsando vías que tienen que ver con el procedimiento arbitral, como la presentación de un recurso de anulación, dejando en suspensión el laudo, que estimó que se resolverá «bastante pronto», después de que el Ciadi comunicara la semana pasada la composición del comité ad hoc que lo va a resolver.

Con ese nuevo procedimiento resuelto, Gonzalo abrió la puerta a poder vender TGP, ya que no se trata de un activo estratégico a largo plazo para Enagás. «Pero esta cuestión queda, por el momento, supeditada a la primera, que es resolver los litigios con el Gobierno peruano, como efectivamente va ocurriendo en sede arbitral», afirmó.

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