Arrendatarios del Estado: «El Gobierno nos cobra el alquiler aunque nuestro negocio está cerrado»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha pedido en numerosas ocasiones que los arrendadores y las compañías tengan comprensión con los autónomos y pequeños comerciantes en la situación actual en la que nos encontramos. Sin embargo, arrendatarios de Patrimonio Nacional, organismo público dependiente de Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, han denunciado que el Ejecutivo «nos cobra el alquiler aunque nuestro negocio está cerrado». 

Muchos de ellos han solicitado al Departamento Jurídico de Bienes Inmuebles que debido a las circunstancias actuales, que han impedido el normal desarrollo de su actividad económica, alcanzaran algún tipo de acuerdo temporal para poder soportar la situación.

Uno de estos arrendatarios se ha dirigido a la Administración con la siguiente petición.  «Lo que les sugiero es que Patrimonio Nacional se sume a adoptar iniciativas similares por partes privadas entendiendo las graves consecuencias económicas para la viabilidad del negocio provocado por el confinamiento a consecuencia de la Covid-19 obligándosenos a permanecer cerrados desde la declaración del Estado de alarma».

Sin embargo, los afectados apenas han recibido respuesta por parte de Patrimonio Nacional y los que sí la han obtenido, denuncian la doble vara de medir empleada por el Gobierno de Sánchez. «Una vez finalizada la situación de alarma en la que nos encontramos se procederá a estudiar caso por caso en base al ordenamiento jurídico y las normas dictadas por el Gobierno; no obstante, es nuestra obligación, continuar facturando lo que corresponda», destaca uno de los correos electrónicos del Departamento Jurídico de Bienes Inmuebles.

Facturas

Algunas de las facturas que Patrimonio Nacional sigue cobrando a estos arrendatarios superan los 4.000 euros mensuales, por lo que resulta imposible para muchos de los afectados asumir el pago mientras su negocio se encuentra cerrado. Los afectados denuncian la falta de sensibilidad de la que hace gala el Gobierno, al pedir al sector privado y los individuos particulares que lleven a cabo esfuerzos, que ellos mismos no están dispuestos a asumir.

Desde Podemos se ha pedido al sector socialista del Gobierno la creación de un fondo de ayudas para el pago del alquiler de los locales comerciales, pero mientras tanto, el Ministerio de la Presidencia continúa cobrándoselo a los afectados que dependen directamente de su gestión. De este modo, el Gobierno socialcomunista ha levantado las críticas con su actuación poco flexible y solidaria