La amnistía fiscal que salía a devolver y la chapuza del 720 que nos va a costar mucho dinero a todos

«En España, los únicos delitos que no prescriben son el genocidio, el terrorismo y no declarar los bienes en el extranjero», denunció ante la UE el abogado Alejandro del Campo, socio del bufete DMS Legal Intelligence y uno de los que denunciaron el modelo 720 ante la UE. Y, como era de esperar, la Justicia europea les ha dado la razón a los denunciantes y ha tumbado esta semana el régimen sancionador ‘eterno’ de esta norma.

La cosa olía mal desde el principio. La amnistía fiscal y la Sareb (de la que hablamos aquí la semana pasada) fueron los dos grandes chapuzas económicas del Gobierno de Rajoy, una de Cristóbal Montoro y otra de Luis de Guindos. Y las dos han acabado como el rosario de la aurora. En el caso de la amnistía -que no fue ni mucho menos la primera ni será la última que se hace en España-, el problema no fue la medida en sí, que puede ser discutible y tiene defensores y detractores; el problema fue su diseño.

Para empezar, porque fue un chollo. No sólo porque el gravamen era de un mero 10% -si lo ponían más alto, la gente no acudiría-, sino porque solamente se aplicó a los cuatro años anteriores (desde 2008), mientras que lo anterior se daba por prescrito. Es decir, si podías probar que tus inmuebles, acciones, fondos, sociedades, etc. eran anteriores a ese año, los regularizabas gratis. Incluso si habías tenido pérdidas en tus inversiones, cosa nada extraña porque el Ibex había caído mucho con la crisis financiera, la regularización te podía salir ‘a devolver’ (es decir, generabas una base imponible negativa para reducir tus impuestos futuros).

El PP tuvo miedo de las críticas

En segundo lugar, como casi siempre le pasa al PP, no fue capaz de adoptar una medida e ir al fin del mundo con ella por miedo al rechazo social. No fue capaz de decir «vamos a hacer una amnistía fiscal porque es bueno para el país y eso supera a los aspectos negativos», y pista. Eso no le pasa en absoluto a los Gobiernos de izquierdas, que aprueban verdaderos disparates y les dan igual las críticas del resto del mundo (pensemos en las leyes de Irene Montero, rechazadas por las propias feministas). Pero los populares siempre temen que se les echen encima, el «cómo nos van a poner», y entonces tratan de suavizarlas para evitar los ataques (aunque les caen de todos modos, así que podían ahorrárselo tranquilamente).

En el caso de la amnistía fiscal, para hacerla más digerible, a Montoro se le ocurrió completarla con el dichoso modelo 720 en el que había que declarar anualmente los bienes que se poseían fuera de España, a modo de palo para compensar la zanahoria de poder regularizar el patrimonio oculto pagando sólo el citado 10%. Y para demostrar que el palo era duro, puso unas sanciones a los que no lo rellenaran (o lo hicieran de forma incompleta) del 150% de la cuota no abonada. Algo que, sumado a intereses de demora y otros recargos, podía superar el importe de los bienes no declarados. Y encima, no prescribían nunca.

Era evidente que aquello, aparte de desproporcionado, violaba el Derecho comunitario. Como dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, las sanciones «establecen una restricción desproporcionada a la libre circulación de capitales». Un experto comenta que «se dio un trato diferente a los que Hacienda no había pillado». Los jubilados europeos residentes en nuestras costas fueron los primeros en levantar la voz: ¿Por qué tenían ellos que contarle a la Hacienda española las propiedades que tenían en Alemania o Reino Unido?

Montero no negoció con Bruselas pero dejó de poner sanciones

Pero a Montoro le dio igual. Y peor aún: también le dio igual a su sucesora, María Jesús Montero, cuando ya estaba claro que Europa iba a tumbarlo y la Comisión le instó a negociar una reforma de la norma. Ella se negó, pero, al mismo tiempo, con todo su cuajo, dejó de imponer sanciones en 2018 para no tener que devolverlas cuando las anularan. En fin, a estas alturas y después de episodios como el de la presidencia de la SEPI destapado por OKDIARIO, no vamos a descubrir quién es la señora Montero.

La consecuencia de esta irresponsabilidad de Montoro y Montero es que todos los españoles vamos a tener que reintegrar 230 millones a los sancionados indebidamente. Muchos de ellos, gente de conducta tan edificante como los Pujol, que van a recuperar 1,77 millones por este desastre. Y es posible que el coste final sea mucho mayor todavía.

Obviamente, se podía haber hecho mucho mejor. Se podían haber puesto sanciones razonables por extemporaneidad y los recargos habituales, que ya tienen de por sí un componente sancionador, según explican los fiscalistas. Y nos habríamos evitado la vergüenza internacional -en Luxemburgo están dando palmas con las orejas entre esto y el fin de las sicav en España-, así como el coste para el contribuyente. Montero se ha apresurado a anunciar (el mismo día de la sentencia, para esto sí ha corrido) que va a imponer un nuevo régimen sancionador más «flexible» pero sancionador al fin, no sea que la gente deje de rellenar el formulario. A buenas horas, mangas verdes.

«El 720 lo hacen los tontos y los vagos, pero no los defraudadores»

La cuestión ahora es quién hace el 720 ahora, aparte de los que tienen que reiterar todos los años lo mismo desde que se apuntaron a la amnistía. Según uno de los expertos, «sólo los tontos o los vagos». «Los listos fueron a la amnistía y, si se les había escapado algo, hicieron complementarias», añade otro. Además, con el sistema de intercambio de información entre países CRS, ahora es casi imposible ocultar patrimonio en el extranjero, salvo que está invertido en inmuebles o en Estados Unidos (que se resiste a utilizar el sistema), que no es precisamente un paraíso fiscal.

Porque, al final, lo relevante es que los defraudadores de verdad, los delincuentes, pasan del 720 como pasaron de la amnistía fiscal. El que tiene sus sociedades pantalla en Panamá o en las Islas Vírgenes para ocultar la titularidad de sus cuentas en Suiza no va a desmontar la estructura para declararla en España. ¿Qué gana con ello? Si no le han pillado hasta ahora, no le van a pillar. Ése es el verdadero problema: que Hacienda exprime y sanciona a los que controla pero nunca pilla a los que defraudan. Pero es que eso cuesta mucho más trabajo…