Los altos funcionarios temen que otro Gobierno de Sánchez dé la puntilla final a su independencia

Los altos funcionarios están desolados ante los resultados electorales, pero no por cuestiones ideológicas, sino porque creen que un nuevo Gobierno de Sánchez dará la puntilla a la independencia de la Administración Pública consolidando su creciente politización, según fuentes de la Asociación de Inspectores de Hacienda consultadas por OKDIARIO. Hasta la fecha, la estrategia seguida por la ministra de Hacienda y de la Función Pública, María Jesús Montero, ha consistido en intervenir en el funcionamiento corriente y tradicional de la Administración abriendo la vía a que los interinos puedan acceder a los cuerpos de mayor nivel sin la preparación debida, obviando los requisitos y pruebas a que aquéllos se ven sometidos y facilitando su incorporación sólo con la aprobación de un primer examen de capacitación en lugar de los seis procedentes, denuncian las citadas fuentes.

Esta estrategia choca además con las advertencias lanzadas por la Comisión Europea, que ha amonestado a España por la proliferación de interinos en la Administración, desvirtuando el papel para el que estaban concebidos, que era estrictamente puntual y con un carácter temporal, sólo para cubrir las necesidades perentorias de un momento determinado. De hecho, Bruselas se ha dirigido repetidamente al Gobierno de Madrid para que acabe con esta práctica. Pero el Ejecutivo ha hecho caso omiso de las advertencias y, en sentido contrario, en las recientes oposiciones convocadas para interventores y auditores del Estado ha introducido una lista de interinos, una práctica que nunca había sucedido antes.

Las reglas del juego

En los últimos meses, los altos cuerpos del Estado han emprendido una batalla en contra el cambio de las reglas del juego en la promoción interna impulsadas por la ministra Montero. Aprovechando el pretexto de las próximas y masivas jubilaciones de buena parte del personal por cuestiones de edad, Montero ha decidido convocar nuevas plazas con la intención de que los interinos, sólo con la condición de haber aprobado uno de los seis exámenes que se requieren para ganar una oposición, se conviertan en funcionarios de carrera. Pero el rechazo de los altos cuerpos -entre los que se incluyen los inspectores de Hacienda, los interventores del Estado, los arquitectos y demás miembros de la Administración- se ha recrecido con el proyecto de ley de Función Pública.

En dicho proyecto, cuyo trámite de enmiendas finalizó antes de la convocatoria electoral, se incluye una disposición adicional en uno de cuyos párrafos «se autoriza al Gobierno a llevar a cabo, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta norma, una sistematización de los cuerpos y escalas, atendiendo al principio de especialización, ordenándolos en subgrupos y pudiendo crear, modificar o suprimir los existentes». De acuerdo con las fuentes consultadas, este hecho es gravísimo porque habilita al Ejecutivo a cambiar de arriba a abajo la función pública a su antojo con el sentido claro de poner la Administración al servicio del Gobierno.

Ahora, tras el resultado de las elecciones, los altos cuerpos de la Administración sospechan que los propósitos anteriores para «corromper» la burocracia, «degradar su nivel en perjuicio de los ciudadanos» a los que presta servicio y «socavar su independencia» acaben por rematarse, a pesar de los esfuerzos realizados ante Bruselas en busca de ayuda para paralizar los planes del Gobierno socialista, indican los citados medios. «Pensamos que la situación continuará, que la ley de Función Pública acabará por aprobarse a pesar de sus deficiencias, y estamos en alerta total», asegura Ana Herrán, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda.

La carta de Fedeca a Bruselas

Por otra parte, la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca), que agrupa a 44 asociaciones profesionales y sindicatos, y representa a unos 15.000 funcionarios de carrera del subgrupo A1, los de mayor rango, enviaron el pasado mes de mayo una carta al Ejecutivo de Bruselas protestando por el intento del Gobierno de desvirtuar el funcionamiento tradicional de la Administración y la pérdida correspondiente que va a representar de la independencia que debe guiar todo tipo de acto administrativo.

En dicha misiva, los representantes de los altos funcionarios muestran su oposición al nuevo sistema de promoción interna decidido por el Ejecutivo, «que no respeta los principios de mérito y capacidad para el acceso a la función pública». «Lejos de conseguir dinamizar y mejorar la Administración, dicho sistema podría suponer -en caso de aplicarse- la pérdida de independencia de los funcionarios y de su neutralidad política, así como de su nivel profesional, elementos esenciales para conseguir una Administración moderna, eficaz y eficiente, que tenga como parámetro de actuación el respeto a la ley y que procure el beneficio de los ciudadanos», asegura Fedeca.