Agosto negro para el Gobierno: tercera derrota en EEUU por los impagos a las renovables en una semana

Agosto negro para la estrategia que ha decidido llevar el Gobierno de Pedro Sánchez en el conflicto con los fondos internacionales que han denunciado a España en los juzgados de medio mundo por los impagos a las renovables. La justicia de Estados Unidos ha emitido el 12 de agosto dos fallos históricos contra España por sendos arbitrajes no pagados que permitirán a estos fondos embargar bienes españoles en este país por hasta 200 millones de euros.

Estos fallos se unen a otro varapalo del 8 de agosto, en el que un juez de EEUU rechazó anular una condena contra España que le obliga a pagar 91 millones de euros a una filial de la japonesa Toyota. Tres en menos de una semana contra los impagos a las renovables de Teresa Ribera, ex ministra de Transición Ecológica, y Sara Aagesen, su sucesora.

El Tribunal de Distrito de Columbia desestimó el 12 de agosto dos nuevos intentos del Gobierno de España por bloquear la ejecución de laudos arbitrales en favor de inversores europeos, que se vieron afectados por la retirada retroactiva de las primas renovables.

En primer lugar, el tribunal federal negó la moción de España que pretendía desestimar la demanda presentada por la compañía RREEF y confirmó la ejecución del laudo de 2019 emitido por el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial. RREEF desarrolló dos plantas solares en Andalucía y su caso ha sido gestionado por Blasket Renewable Investments.

Además, el Tribunal de Distrito de Columbia ha emitido una segunda decisión que tumba el recurso presentado por España para frenar el procedimiento vinculado al caso Infrastructure Services (también conocido como caso Antin), cuyo fallo original data de 2018. La compañía desarrolló dos plantas solares en Andalucía.

Las empresas afectadas insisten en llegar a un acuerdo -como ocurrió en junio con el caso JGC- pero anuncian que, si persisten los impagos, iniciarán nuevos embargos en las próximas semanas.

La denuncia interpuesta por RREEF por la retirada retroactiva de las primas renovables resultó en el reconocimiento de una indemnización de 59,6 millones de euros, cifra a la que se deben sumar más de 13,9 millones en concepto de intereses de demora. En el caso de Infrastructure Services, el laudo asciende a 101 millones, mientras que los intereses de demora ascienden a 24,3 millones. En total, casi 200 millones de euros pendientes de pago.

España alegaba que el laudo no podía ejecutarse porque -según su interpretación del derecho de la Unión Europea- los Estados miembros no pueden someter a arbitraje disputas con inversores de otros países de la UE (prohibición de arbitraje intra-UE) y porque el pago de la indemnización constituiría «ayuda de Estado» ilegal sin autorización de la Comisión Europea.

La sentencia rechaza de plano esos argumentos, recordando que ya fueron planteados y desestimados durante el arbitraje Ciadi, que la ley de EEUU que incorpora el Convenio Ciadi obliga a otorgar «plena fe y crédito» a estos laudos, y que precedentes como NextEra y 9Ren han cerrado la vía para invocar inmunidad soberana, forum non conveniens o teorías de derecho europeo para evitar su ejecución.

España acumula más de 1.400 millones de euros por los impagos a las renovables, más que cualquier otro país, y la negativa a desembolsar estas indemnizaciones ha dado pie a embargos efectivos o cautelares en Bélgica, Reino Unido o EEUU.

Con 26 condenas firmes en su contra, lo que convierte a España en el país con más incumplimientos de laudos internacionales en el mundo, los intereses y sobrecostes procesales han hecho que la factura de los laudos se incremente en 386 millones adicionales, lo que sumado a los 1.492 millones adeudados genera una factura total de 1.870 millones.

El origen del conflicto con los fondos internacionales que reclaman las indemnizaciones por el recorte unilateral de las primas a las renovables es la decisión en 2007 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de aprobar unas primas a las inversiones en renovables del 25%.

Cuando el PP llegó al poder en 2012, y debido a la grave crisis económica que heredó del PSOE, recortó unilateralmente esas primas al 7%. A partir de ahí, los inversores iniciaron una lluvia de arbitrajes que han ido ganando en la mayoría de los casos.

Ante la estrategia del Gobierno de Sánchez de no pagar los arbitrajes, los fondos han iniciado una batalla legal en los tribunales ordinarios de países como Estados Unidos, Reino Unido o Australia, que les han dado la razón y hay ya sentencias que permiten el embargo de bienes españoles en esos países. Los fondos internacionales están tratando de llegar a un acuerdo con el Gobierno antes de proceder a esos embargos. Prefieren un pacto y cerrar la vía legal.