Botín recurre su imputación en el Popular: asumir el delito «quebraría» el sistema europeo de rescates

El magistrado José Luis Calama dictó un auto el pasado 15 de enero en el que trasladaba la responsabilidad penal del caso al Santander, entidad que ha absorbido el Banco Popular tras la resolución de la JUR del 7 de junio pasado.

En su recurso, el Santander pide la revocación de ese auto «por resultar contrario a los principios de personalidad de las penas y de culpabilidad (artículos 9.3 y 25 de la Constitución Española y artículo 49.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea «.

El Santander argumenta que la adquisición del Popular se produjo en fecha muy posterior. Asegura el banco que con la decisión de la JUR y el FROB español de intervenirlo, el 7 de junio «nació un nuevo Banco Popular, materialmente distinto del antiguo Banco Popular, en cuyo seno se habrían eventualmente cometido los supuestos delitos objeto de investigación y cuyos consejeros se encuentran investigados en este procedimiento».

Con este argumento, el Santander defiende que la resolución del antiguo Banco Popular es enteramente equiparable a su disolución material, determinando la necesaria extinción de su posible responsabilidad penal como entidad (art. 130.2 in fine CP), sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil derivada del delito de su meramente formal sucesora».

Sistema de rescates

Además, el banco explica en su recurso que colaboró con las autoridades nacionales y europeas en resolver un problema financiero grave que amenazaba la estabilidad del sistema bancario español y europeo.

«No puede de ninguna forma aceptarse que, después de haber actuado de esa forma colaborando con las autoridades públicas, a Banco Santander se le pretenda hacer responsable no de las deudas y contingencias civiles de Banco Popular, sino de los delitos que hubiera podido cometer. Un resultado así no solo sería completamente injusto, sino que quebraría el sistema europeo de resolución de entidades financieras y contravendría los más básicos principios del sistema penal de un Estado de Derecho», asegura en el recurso.

«Sería paradójico -continúa el banco- que los mismos poderes públicos que resuelven una entidad y transmiten su negocio a un tercero como instrumento para evitar su liquidación y satisfacer los intereses generales decidan exigir responsabilidad penal por hechos anteriores a la resolución a quien saben que nada tuvo que ver con esos hechos y evitó esa dramática situación. No solo paradójico: es contrario a los principios del MUR y puede llegar a frustrar esos objetivos que se exija responsabilidad penal a Banco Santander en aplicación del ius puniendi del Estado».

El Santander recuerda que en un proceso similar, el de Banco de Valencia, el juez no imputó a Caixabank por los hechos delictivos cometidos por los ex directivos del banco valenciano. «La misma decisión debió adoptarse en el presente caso», dice el escrito. El banco solicita que se incluya en el caso el auto por el que se inadmitía la imputación de Caixabank en el caso de Banco de Valencia.