La banca no podrá garantizar los depósitos en Cataluña si la Generalitat declara la independencia

Las entidades financieras que operan en España no se han pronunciado ante el órdago secesionista de la Generalitat de Cataluña porque son conscientes de que una ruptura unilateral con el resto de España y la creación de un Estado propio supondría la inmediata expulsión de la eurozona, lo que haría imposible garantizar la liquidez de los depósitos de los residentes en Cataluña y obligaría a imponer un corralito financiero, limitando (o paralizando) la retirada de dinero en efectivo.

Así lo han confirmado a OKDIARIO fuentes de los bancos más importantes del Ibex, aunque rechazan realizar declaraciones oficiales tras el revuelo que se generó en septiembre de 2015, cuando la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de las Cajas de Ahorros (CECA) emitieron un comunicado conjunto en la que admitían la posibilidad de un corralito financiero si Cataluña sale del euro.

“No ha cambiado nada respecto a la declaración que hicimos hace dos años, pero ahora no existe un posicionamiento oficial respecto al referéndum del uno de octubre en Cataluña por parte del sector bancario español. No obstante, en las conversaciones informales que hemos mantenido con representantes de otros bancos se ha planteado que si el Gobierno fracasa en su intento por detener la declaración de independencia unilateral entonces no estaremos en condiciones de garantizar la retirada normal de depósitos”, indica un directivo de un gran banco que cotiza en el Ibex 35.

En el documento que publicaron las patronales del sector financiero en 2015, las asociaciones indicaban que si no se preserva el orden constitucional y la pertenencia a la zona del euro del conjunto de España, se “pondría en grave riesgo el objetivo de las entidades financieras, que no es otro que el de proteger a los depositantes”. Es decir, que los bancos no podrán proteger el dinero de las cuentas corrientes si la Generalitat –transformada en Gobierno del Estado catalán– decide bloquear los fondos, limitando las retiradas de dinero para evitar la masiva fuga de capitales que se derivaría de la salida del área de la moneda única.

Al igual que ocurrió en Grecia, si los ciudadanos temen que su territorio deje de pertenecer a la eurozona, acuden en masa a las entidades financieras (físicamente o a través de Internet) para retirar sus euros antes de que sean convertidos en la nueva moneda del Gobierno. Para evitar la descapitalización de los bancos en este proceso (que puede durar tan solo unas pocas horas) se establecen controles a la retirada de dinero. Es lo que se conoce como corralito financiero.

La Generalitat es consciente del riesgo y, por ello, ha planteado en su denominada Ley de Transitoriedad que la moneda oficial de Cataluña seguirá siendo el euro una vez que se declare la independencia. Sin embargo, tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo (BCE) han dejado muy claro que la secesión conlleva automáticamente la expulsión de la eurozona y, si las autoridades catalanas quieren seguir empleando el euro, será por su cuenta y riesgo y sin respaldo de la institución monetaria que preside Mario Draghi.

El peligro de que sea necesario restringir las retiradas de dinero para evitar la fuga de los depósitos ya fue advertida por el organismo creado por la Generalitat para preparar la secesión: el Consejo Asesor para la Transición Nacional. En un informe habla claramente de “la posibilidad de un corralito” con la salida del euro y admite que “el artículo 50 de los tratados de la Unión Europea establece que toda separación de la UE exige un proceso de negociación y por tanto parece indicar que la no pertinencia inmediata sería muy problemática”.

Pero ahí no queda el aviso de las patronales bancarias. El texto de 2015 también afirmaba que, si se produce la secesión, “la ruptura unilateral del marco constitucional vigente, comportaría que todas las entidades bancarias con presencia en Cataluña afrontarían graves problemas de inseguridad jurídica. Estas dificultades obligarían a las entidades a reconsiderar su estrategia de implantación”. Es decir, que cerrarían sus sucursales en Cataluña o, al menos, las reducirían para evitar el impacto del órdago secesionista.

Esta cuestión también ha sido apuntada por el colectivo Sociedad Civil Catalana en un estudio en el que señala que el sector bancario de una hipotética Cataluña independiente tendría un grave problema de liquidez que terminaría con una huida de depósitos y un corralito financiero. Las implicaciones negativas en el balance bancario harían inviable la financiación de pymes y supondrían una restricción financiera “insalvable”.

No se puede olvidar tampoco los efectos que tendría la salida del euro de Cataluña para la deuda de las empresas y familias. Los créditos otorgados por las entidades financieras están nominados en euros y deben ser devueltos en la misma moneda. Si Cataluña se independizara la Generalitat tendría que crear una nueva divisa (o seguir usando el euro son respaldo del BCE), con un valor menor que el euro oficial, por lo que la devolución de las deudas contraídas hasta ese momento tendría un mayor coste.

El Banco de España tampoco se ha pronunciado oficialmente al respecto en los últimos meses, aunque el gobernador, Luis María Linde, también dijo en 2015 que si Cataluña se independiza existe el riesgo de que se produzca el temido corralito. No obstante, el máximo responsable del organismo supervisor lo consideraba un escenario “altamente improbable” porque confiaba en que el Gobierno adoptara las medidas oportunas para que la secesión no sea una realidad. Quedan unas semanas para saber si tiene razón.