Carles Puyol también doblega a Hacienda y se libra de pagar 2,5 millones

Carles Puyol ha ganado su pulso a Hacienda. La Audiencia Nacional se ha posicionado a favor del ex capitán del FC Barcelona en un pleito con la Agencia Tributaria por los acuerdos de liquidación dictados respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2010 a 2013. Así las cosas, Carles Puyol se librará de pagar 2,5 millones de euros que reclamaba Hacienda uniéndose a otros deportistas que han salido exitosos de sus pleitos con la Agencia Tributaria.

En una sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el tribunal ha estudiado el recurso del que fuera internacional español contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) de fecha 11 de marzo de 2019 que no le daba la razón en su reclamación.

Carles Puyol, en su recurso, impugnó los acuerdos de liquidación y sanción correspondientes al IRPF del 2010, al entender que deberían anularse por prescripción, ya que desde que se inició el procedimiento inspector hasta que terminó se superó el plazo de doce meses.

Los magistrados no ven justificada la «dilación» y consideran que el derecho a liquidar el ejercicio 2010 «habría prescrito, lo que conduce a anular los acuerdos de liquidación y sancionador» respecto a ese año. También anulan acuerdos de liquidación de 2011-2012 y 2013 -2014 y acuerdos sancionadores derivados.

Además, la Sala pone el foco en los pagos del FC Barcelona al agente de Puyol cuando el futbolista estaba en activo y concluye que las cantidades satisfechas por el club tenían por causa los servicios prestados al jugador por el representante.

«De manera que, en realidad, este pago constituiría parte de la retribución que el club satisface al jugador, el cual la recibe por medio del pago a un tercero –el representante– que redunda en utilidad del jugador al saldar lo que este ha de satisfacer al representante por los servicios que le presta», indica en la sentencia, que es recurrible ante el Tribunal Supremo.

El Barça, manchado otra vez

La Sala considera que es un contrato «simulado absolutamente» entre el FC Barcelona y el representante del jugador, «pura apariencia de contraprestación», ya que «el representante trabajaba sólo para el jugador y no simultáneamente para el club».

No obstante, anula acuerdos sancionadores porque la Administración consideró que la falta de declaración de los rendimientos del trabajo discutidos, aun «siendo antijurídica, no se consideraba constitutiva de delito, por falta del elemento subjetivo de la culpabilidad».

También analizan la forma en la que la Agencia Tributaria calculó lo que el exfutbolista -representado por el socio director del área fiscal del despacho Equipo Económico, Salvador Ruiz Gallud- debía pagar en impuestos por ceder a su empresa sus derechos de imagen.

En este sentido, el tribunal recuerda la sentencia de marzo de 2022 en la que la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó el recurso de la empresa de Puyol contra una inspección que le instaba a pagar 1,7 millones de euros por el Impuesto de Sociedades del periodo 2010-2014.

La Audiencia Nacional anuló esa inspección al determinar que la inspección de Hacienda no justificó por qué aplicó, al calcular los impuestos, un método subsidiario con carácter preferente a los legalmente previstos como principales.

Hacienda pierde contra los deportistas

Este caso se suma se suma a los que sufrieron Andrés Iniesta, Xabi Alonso, Sergio Ramos, Ancelotti, Raúl González, Jorge Lorenzo o Dani Pedrosa. En algunas de esas sentencias, los magistrados han llegado a reprender, con crudeza, los criterios que Hacienda intentó imponer a los afectados.

En todos los casos fueron pleitos millonarios, que se prolongaron durante años y que incluso han acabado costándole dinero al Estado, porque ha tenido que devolver con intereses lo que inicialmente incautó a esas figuras del deporte de élite.

Quizá el más cuantioso fue el que midió Jorge Lorenzo contra la Agencia Tributaria, que llegó a pedirle más de 35 millones de euros por, supuestamente, no haber declarado correctamente el IRPF de 2013, 2014 y 2015. El Tribunal Económico Administrativo Central determinó que Hacienda no tenía razón y libró de las acusaciones a Jorge Lorenzo.

Aún así, el Fisco siguió a la carga y le reclamó 10 millones de euros por la declaración del IRPF de 2016, pero, en enero de 2023, el Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña también dio la razón al piloto en este caso.