Aviso importante si usas IPTV: la carta del miedo que vas a recibir en tu casa

La lucha contra las IPTV piratas en España ha dado un gran paso con la última victoria judicial de LaLiga, que permite a la organización obtener los datos personales de los usuarios que acceden a contenidos piratas. Tradicionalmente, las acciones legales se han centrado en las plataformas que ofrecen contenido ilegal, pero ahora, con una nueva autorización judicial, LaLiga puede solicitar a las operadoras las direcciones IP de los usuarios que se conectan a servicios IPTV piratas, específicamente aquellos que utilizan la tecnología AceStream, y posteriormente enviarles una carta. El auto judicial no sólo permite a LaLiga identificar las direcciones IP de las personas que retransmiten contenido pirata, sino que también incluye a los usuarios que se conectan a esos servidores.

Esto abre la posibilidad de que LaLiga comience a enviar cartas a estos usuarios solicitando el pago de multas, como ya ocurrió anteriormente con el «cardsharing». En marzo de 2024, un juzgado permitió la obtención de direcciones IP de usuarios de un servicio pirata, y LaLiga aprovechó la oportunidad para enviar cartas solicitando pagos de cientos de euros, lo que desató una gran controversia. LaLiga podrá obtener estos datos con periodicidad semanal durante toda la temporada 2024/25, lo que le permitirá recopilar información sobre todos los usuarios de IPTV piratas en España. Aunque aún no es legal sancionar a los usuarios por ver IPTV pirata, esta estrategia de LaLiga establece un precedente

¿Has recibido la carta de LaLiga por ver IPTV?

LaLiga ha comenzado a enviar cartas a miles de usuarios que consumen contenido deportivo a través de servicios IPTV, exigiendo pagos de hasta 450 euros por utilizar plataformas que retransmiten partidos sin autorización. Estas cartas no son demandas judiciales formales, sino lo que se denomina «demandas de conciliación previa», lo que significa que el pago no es obligatorio y el proceso es voluntario. Sin embargo, los expertos en derecho digital advierten que pagar o incluso responder a estas cartas podría ser contraproducente, ya que podría interpretarse como una aceptación de haber cometido una infracción.

El origen de estas cartas se remonta a una resolución judicial de marzo de 2024, cuando el Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona autorizó a LaLiga a obtener los datos personales de los usuarios de IPTV mediante la solicitud de sus direcciones IP a las operadoras de Internet. Esta medida se centró inicialmente en los usuarios que distribuyen ilegalmente señales de contenido (cardsharers), pero también ha afectado a usuarios que simplemente consumen el contenido sin distribuirlo.

Los abogados explican la conciliación es un proceso voluntario y no tiene ninguna obligación de responder ni de pagar. Además, señala que pagar podría interpretarse como un reconocimiento de culpabilidad, lo cual podría tener consecuencias legales más graves en el futuro. Asimismo, señalan que la obtención de los datos de los usuarios por parte de LaLiga es cuestionable, ya que se basan en una resolución judicial que originalmente sólo autorizaba la obtención de información de los cardsharers, no de los usuarios finales que consumen contenido ilegal.

En el caso de AceStream, la situación se complica. LaLiga sostiene que no sólo los cardsharers son responsables, sino también los usuarios que acceden a contenido y lo comparten a través de plataformas como AceStream. Aunque la mayoría de los usuarios desconocen cómo funciona este tipo de software, lo que lo hace más problemático, ya que podría considerarse que están participando de forma involuntaria en una distribución ilegal.

En cuanto a la obtención de datos de los usuarios por parte de las operadoras, según los abogados, la cesión de esta información sin el consentimiento expreso de los usuarios podría estar vulnerando sus derechos fundamentales. A pesar de esto, las cartas de conciliación continúan llegando a los hogares de los usuarios, aunque no se ha confirmado que hayan derivado en demandas judiciales hasta el momento.

Por otro lado, las operadoras están colaborando con LaLiga para obtener los datos sin tener una autorización judicial válida para hacerlo. Aunque algunos jueces han mostrado su desacuerdo con estas prácticas, como en el caso de un juzgado en Madrid que no admitió una solicitud de conciliación, la situación sigue siendo incierta. LaLiga ha apelado en varias ocasiones y está intentando ampliar el alcance de sus reclamaciones.

En resumen, aunque la carta de LaLiga a los usuarios que usan IPTV no es una demanda judicial formal, los usuarios deben tener cuidado. Pagar o responder podría interpretarse como una aceptación de culpa, lo que podría generar consecuencias legales mayores. Además, la forma en que LaLiga está obteniendo los datos de los usuarios de las operadoras sigue siendo un tema de debate, ya que algunos abogados consideran que se están vulnerando los derechos de los usuarios.

En conclusión, responder o pagar las cartas de LaLiga podría implicar una aceptación de culpa y tener consecuencias legales. Se recomienda consultar con un abogado antes de actuar, ya que la obtención de datos por parte de las operadoras es cuestionable.