Adiós a reservar en los hoteles como siempre: se confirma el cambio que llega

El 2 de diciembre entró en vigor una nueva normativa que obliga a los establecimientos turísticos a registrar los datos de los viajeros y enviarlos al Ministerio del Interior mediante una plataforma digital, SES.HOSPEDAJES. Esta medida afecta a todo tipo de alojamientos, incluidos hoteles, agencias de viajes, campings y apartamentos turísticos, entre otros. El sector turístico ha mostrado su descontento debido a la carga administrativa adicional que supone este registro, que podría aumentar los tiempos de espera en el check-in.

Además, algunas empresas han alertado sobre una posible incompatibilidad con las normativas europeas. Por otro lado, se establece que la responsabilidad de asegurar la veracidad de los datos proporcionados recaerá sobre los propios alojamientos. Las comunidades de Cataluña y el País Vasco seguirán gestionando los registros a través de sus cuerpos policiales, los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza, respectivamente.

Nuevo registro de viajeros en los hoteles

Esta normativa, basada en el Real Decreto 933/2021, obliga a los proveedores de servicios turísticos a registrar los datos de los viajeros y enviarlos a través de una plataforma digital, conocida como SES.Hospedajes.

El objetivo del Ministerio del Interior es actualizar una legislación que data de 1959, adaptándola a las nuevas realidades del sector, como el alquiler de viviendas turísticas y las reservas online. Según el Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, se busca facilitar los procesos de registro y reforzar la seguridad en un contexto de creciente uso de plataformas digitales para la reserva de alojamientos y vehículos.

La normativa establece que los datos de los viajeros a recoger incluyen nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, número y tipo de documento de identidad, así como la dirección completa de residencia, teléfonos y correo electrónico. Además, en caso de que los viajeros sean menores de edad, se debe especificar la relación de parentesco entre ellos. Además de los datos de los viajeros, se exigirán detalles de la transacción, como el número de la reserva y el medio de pago utilizado, ya sea tarjeta de crédito, transferencia bancaria o plataformas digitales de pago.

Las empresas turísticas deben usar la plataforma SES.Hospedajes, que lleva operativa desde 2022 y en la que ya se han registrado más de 61.000 establecimientos, 1.700 empresas de alquiler de vehículos y casi 2.000 agencias de viajes. Hasta ahora, esta plataforma ha gestionado alrededor de 4,77 millones de registros de datos de usuarios, permitiendo a las autoridades identificar a más de 18.000 personas vinculadas con requisitorias policiales.

Sin embargo, la plataforma SES.Hospedajes, sufrió una caída en su primer día de aplicación obligatoria, según denuncian fuentes del sector. La Asociación Acave reportó que el sistema se cayó la mañana del 2 de diciembre, dificultando el registro de los viajeros. Desde el Ministerio del Interior explicaron que la interrupción fue temporal debido a una actualización en el Centro de Procesos de Datos de El Escorial, y que después de las 14:00 horas ya funcionaba con normalidad. Sin embargo, varios intentos de acceso a la plataforma después de las 14:00 horas no tuvieron éxito.

Descontento del sector turístico

A pesar de los esfuerzos del Ministerio del Interior por justificar la medida como una herramienta para mejorar la seguridad y adaptarse a las nuevas tecnologías, el sector turístico ha expresado su descontento por varios motivos.

Por un lado, consideran que la nueva normativa vulnera la privacidad de los viajeros, ya que obliga a almacenar sus datos personales durante tres años. Las empresas hoteleras y de agencias de viajes también alertan sobre las posibles dificultades para cumplir con las exigencias del decreto debido a la falta de recursos, lo que podría poner en peligro su viabilidad operativa.

Además, algunos críticos advierten que la nueva legislación podría ser incompatible con la normativa de la Unión Europea en cuanto a protección de datos y libre circulación de servicios. La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) han manifestado su rechazo a la normativa, argumentando que supondrá una carga administrativa excesiva y podría perjudicar la experiencia del cliente al alargar el proceso de registro.

El Ministerio del Interior ha defendido la medida, señalando que no tiene un objetivo recaudatorio, sino que busca mejorar la seguridad pública, especialmente en actividades relacionadas con el terrorismo y el crimen organizado, donde el uso de vehículos y alojamientos temporales juega un papel clave.

Las multas para las empresas que no cumplan con los requisitos de la nueva normativa pueden ser severas, con sanciones que van desde los 601 euros hasta los 30.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Las irregularidades menores, como la incorrecta cumplimentación de los registros o la presentación de los datos fuera del plazo, pueden implicar multas de entre 100 y 600 euros. Por otro lado, la falta de registros o la omisión de las comunicaciones obligatorias son consideradas infracciones graves.

En resumen, aunque el Ministerio del Interior defiende su eficacia y su alineación con la legislación europea, la falta de preparación tecnológica y las preocupaciones sobre la privacidad de los viajeros siguen siendo puntos clave de controversia.