PSOE, Compromís y Podemos vetan por segunda vez el debate del caso del hermano de Ximo Puig en las Cortes

La izquierda valenciana -PSOE, Compromís y Podemos- ha vetado por segunda vez que el debate sobre personación de la Abogacía de la Generalitat en el caso que investiga supuestas irregularidades en la obtención de subvenciones de la Administración autonómica por empresas presuntamente relacionadas con el hermano de Ximo Puig. Francis Puig fue recientemente interrogado por el juzgado que lleva el caso en calidad de investigado.

La moción del PP incluye, además, otra cuestión importante: instar al Gobierno valenciano a que ponga en marcha las actuaciones necesarias para garantizar el reintegro de esas subvenciones a las arcas públicas valencianas.

Todo ello, ha sido denunciado por el Partido Popular tras la Junta de Portavoces donde, según ha explicado el PP, los representantes de los 3 partidos del Gobierno valenciano han rechazado llevar al Pleno lo que se denomina la moción subsiguiente para su debate y votación. 

La moción, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, tiene fecha del pasado 9 de junio y viene avalada por las firmas de la presidenta del Grupo Popular en las Cortes Valencianas la oriolana Eva Ortiz y por el portavoz adjunto del Grupo Popular en la Cámara el alicantino José Antonio Rovira.

Ambos solicitaron presentar la «moción subsiguiente a la interpelación» al gobierno valenciano, que preside Puig, «sobre la política general en materia de reintegro de subvenciones a las empresas investigadas en el marco de procedimientos por fraude de subvenciones», según el citado documento.

La iniciativa incluye también una propuesta de resolución mediante la cual las Cortes Valencianas instan al Gobierno de la Generalitat a «las actuaciones necesarias para asegurar el reintegro de las subvenciones percibidas ilícitamente por las mercantiles investigadas en el seno del procedimiento penal que afecta a personas vinculadas familiarmente al presidente del Consell (Gobierno valenciano) así como a personarse en dicho procedimiento en el ejercicio de la acusación particular a través de la Abogacía de la Generalitat». E instan además a que «del cumplimiento de esta resolución se dé cuenta a las Cortes en el plazo de un mes».

La síndica adjunta del Grupo Popular Elena Bastidas ha sostenido que «se trata de una censura en toda regla», que «impide debatir y conocer el posicionamiento de los grupos políticos sobre el caso que afecta directamente al presidente Puig por el caso de las subvenciones otorgadas a las empresas de su hermano, que están siendo investigadas y por las que Francis Puig ha declarado como imputado en el juzgado».